Semovi precisa el estado legal de los scooters tras el fin del piloto en CDMX
La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México confirmó que el plan piloto de 60 días implementado con motivo del Mundial 2026 ya venció, y deja en el aire la operatividad masiva de patinetas y scooters eléctricos en las calles de la capital. La aclaración llega después de semanas de confusión entre usuarios, repartidores y peatones.
Semovi informó a este medio que, concluido el periodo temporal, la circulación de estos vehículos depende ahora del cumplimiento de la normativa vigente y de permisos que otorguen las instancias correspondientes del gobierno de la Ciudad de México. En la práctica eso significa que la autorización puntual que facilitó mayor presencia de unidades no es automática: operadores y usuarios deben apegarse a marcos regulatorios y a las restricciones locales.
Para quienes usan el scooter como alternativa para llegar al trabajo o para hacer entregas, la noticia no solo es técnica. “Me dejó en incertidumbre: mi ruta diaria ahora puede verse limitada y, si hay multas, mi ingreso baja”, dice un trabajador de reparto que pidió no ser identificado. La falta de reglas claras pega primero en quienes dependen de la micromovilidad para ganarse la vida.
Desde una perspectiva ciudadana, la gestión pública mostró dos caras. Por un lado, el piloto buscó evaluar el potencial de soluciones limpias y ágiles frente al tráfico; por otro, su conclusión sin una transición ordenada expone la debilidad regulatoria de la capital. Como apuntó la propia Semovi, queda pendiente definir requisitos técnicos, zonas autorizadas, condiciones de estacionamiento y mecanismos de sanción para quienes infrinjan normas de tránsito o pongan en riesgo a peatones.
La ausencia de infraestructura adecuada también pesa. Usuarios y peatones reportan que muchas de las unidades terminan en banquetas, entradas de coches y ciclovías, lo que genera conflictos y riesgo de accidentes. La Secretaría de Movilidad y el Gobierno de la Ciudad de México enfrentan ahora la tarea de diseñar reglas que protejan a la ciudadanía sin criminalizar una movilidad que ofrece beneficios ambientales y económicos.
Organizaciones vecinales y colectivos de movilidad han pedido que cualquier regulación incluya límites de velocidad, zonas exclusivas de circulación, sanciones claras para mal estacionamiento y programas de responsabilidad compartida entre operadores, gobierno y usuarios. Esa propuesta busca evitar soluciones parche que terminen en más congestión y en menos seguridad.
La instrucción de Semovi, por ahora, es simple: el plan piloto ya caducó y la circulación depende del marco legal aplicable y de permisos específicos. Sin embargo, exigir claridad no es frivolidad: se trata de la seguridad en la vía pública y del sustento de quienes ya integraron estos vehículos en su vida diaria.
El desafío inmediato es transformar una experiencia temporal en políticas públicas coherentes. Si la Ciudad de México quiere apostar por la micromovilidad como alternativa sustentable, necesita reglas claras, infraestructura y controles efectivos, no improvisaciones que dejan a usuarios y peatones en la incertidumbre.
Fuente: Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) y Gobierno de la Ciudad de México.