Congreso autoriza 90 días más de estado de excepción en medio de malestar social
El Parlamento boliviano aprobó la ampliación por 90 días del estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz, una medida que faculta al Gobierno para movilizar a las Fuerzas Armadas con el objetivo declarado de contener manifestaciones. La decisión, informada por la Asamblea Legislativa, se produce en un contexto de protestas que comenzaron hace meses por la crisis económica y el creciente descontento ciudadano.
Según el Ministerio de Gobierno, la prórroga busca garantizar el orden público y proteger infraestructuras críticas. Desde el Ejecutivo se insiste en que la medida es temporal y necesaria para restablecer la normalidad. Sin embargo, organizaciones sociales y sindicatos como la Central Obrera Boliviana cuestionan la respuesta militarizada y exigen soluciones económicas concretas.
La corresponsal Nathalie Iriarte reporta que en barrios comerciales de La Paz y El Alto la presencia de uniformados ya altera la dinámica cotidiana: mercados con menos clientela, transporte público con controles más rígidos y familias que evitan concentraciones por temor a incidentes. Ciudadanos entrevistados por Iriarte señalan que la medida, además de limitar protestas, afecta el derecho a la circulación y a la protesta pacífica.
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han advertido que la extensión de estados de excepción eleva el riesgo de violaciones a libertades civiles si no se establecen salvaguardas claras. Expertos consultados por este diario subrayan la necesidad de protocolos de actuación y de mecanismos de supervisión independientes.
En paralelo, sectores del empresariado llaman a la calma para evitar mayores pérdidas económicas; según datos citados por la Alcaldía de La Paz, varios comercios reportaron caídas en ventas durante las semanas de movilización. Para organizaciones comunitarias, la militarización no sustituye políticas públicas de fondo: empleo, subsidios focalizados y acceso a servicios son demandas reiteradas en las movilizaciones.
La aprobación en el Congreso ha generado un llamado plural a la apertura de mesas de diálogo. La propia Asamblea Legislativa y varias organizaciones sociales han propuesto la creación de comisiones mixtas para negociar medidas económicas inmediatas y garantías para la protesta pacífica, una propuesta que, según fuentes parlamentarias, aún no tiene fecha cerrada para su puesta en marcha.
La ampliación del estado de excepción deja en evidencia una tensión clásica: la búsqueda de seguridad frente al reclamo por justicia social. En palabras de vecinos consultados por Nathalie Iriarte, «queremos calles seguras, pero también trabajo y confianza en las instituciones». La respuesta del Gobierno en las próximas semanas será decisiva para marcar si la medida reduce la conflictividad o profundiza la fractura social.
Informe de nuestra corresponsal, Nathalie Iriarte.