Prorrogan 90 días el estado de excepción: esto cambia ahora
El Parlamento de Bolivia aprobó esta semana la ampliación por 90 días del estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz. La norma, según el Legislativo y el propio Ejecutivo, faculta al Gobierno para movilizar a las Fuerzas Armadas con el objetivo de contener manifestaciones que desde hace meses convulsionan calles y carreteras por la crisis económica y el creciente descontento ciudadano. Informe de nuestra corresponsal, Nathalie Iriarte.
En la práctica, la decisión implica más patrullajes militares en zonas urbanas y puntos críticos de protesta. El Gobierno sostiene que la medida busca restablecer el orden público y proteger infraestructuras esenciales; críticos y organizaciones de derechos humanos advierten que la salida amenaza libertades fundamentales si no se aplica con controles y límites claros.
Según fuentes parlamentarias, la prórroga se aprobó con el argumento de una escalada de bloqueos y actos de violencia en los últimos meses. El decreto original —firmado por el presidente Rodrigo Paz— ya permitía la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interna, una potestad que ahora se extiende por tres meses más. Para muchos ciudadanos, esto se siente como una militarización temporal de la vida cotidiana: controles en accesos, toques de queda informales en barrios, y una mayor presencia castrense en mercados y vías principales.
María, vendedora ambulante en El Alto, contó a Nathalie Iriarte que desde hace días ve a militares “cerca del puesto, preguntando y registrando”. “No queremos más pelea, pero tampoco queremos que nos traten como si fuéramos sospechosos”, dijo. Testimonios como ese ilustran el impacto inmediato: comerciantes reducen horarios, escolares ven alteradas sus rutas y el transporte urbano opera con incertidumbre, lo que agrava la precariedad de quienes dependen del día a día.
El beneficio que promete el Ejecutivo es tangible: disminuir bloqueos que paralizan la economía y permiten el libre tránsito de bienes básicos. Sin embargo, especialistas en derechos constitucionales consultados por este medio señalan que las medidas excepcionales deben respetar estrictamente la proporcionalidad y el control civil. La prórroga aprobada por el Parlamento, sostienen, debería acompañarse de mecanismos explícitos de supervisión judicial y parlamentaria, así como de informes públicos periódicos.
La reacción política es dual. Sectores de la oposición apoyan la necesidad de restablecer el orden pero exigen transparencia y límites claros. Organizaciones sociales y de derechos humanos claman por garantías para la protesta pacífica y por protocolos de actuación militar que eviten el uso desproporcionado de la fuerza. Internacionalmente, observadores seguirán de cerca la evolución para evaluar si la respuesta del Estado protege a la población o coarta su derecho a expresarse.
Desde el punto de vista económico, analistas locales advierten que la militarización temporal puede tener un efecto contraproducente: mientras calma inmediatas rutas de bloqueo, alimenta incertidumbre que frena inversión y reduce el consumo. Para familias y pequeñas empresas, cada día de paralización signfica menos ingresos y más deuda.
El desafío para el Gobierno es doble: contener la violencia en el corto plazo sin socavar derechos en el largo plazo. Para la ciudadanía, la pregunta es clara: ¿sirve más presencia militar o políticas sociales y diálogo que atiendan la raíz de la protesta? La ampliación por 90 días ofrece tiempo, pero no asegura respuestas. Como señala nuestra corresponsal Nathalie Iriarte, la clave será la transparencia en la aplicación de la norma y la apertura real a medidas económicas y sociales que alivien la crisis que provocó las protestas.
Mientras tanto, la vida cotidiana se ajusta a la presencia militar y a la expectativa de nuevos episodios de tensión. Los próximos días marcarán si la prórroga logra su objetivo de calma o si, por el contrario, profundiza la desconfianza entre la población y las instituciones encargadas de protegerla.