Condenan al progenitor acusado de abusar de dafne; defensa anuncia que apelará
En un fallo que reaviva el debate sobre la protección de la infancia y las garantías judiciales, el juez Eliseo Sánchez condenó al progenitor señalado por el abuso de Dafne, según informó Télam y fuentes judiciales consultadas por este diario. La resolución establece responsabilidades penales que, para las organizaciones defensoras de derechos de niños y niñas, representan un avance en el reconocimiento de la víctima; para la defensa, abren la puerta a una apelación.
Gabriel «N», identificado en el expediente como representante del acusado, adelantó que recurrirán la sentencia porque, a su juicio, «el delito nunca fue comprobado». En palabras del letrado, la prueba presentada no alcanza a disipar dudas razonables sobre la autoría y la materialidad. *»No compartimos el criterio del juez Eliseo Sánchez y vamos a agotar las instancias para demostrar la inocencia de mi cliente»*, sostuvo, según una declaración difundida por la defensa.
El fallo llega en un contexto social sensible: los casos de violencia sexual contra niños y niñas provocan movilizaciones y exigencias de mayor eficacia en la investigación, pero también plantean la necesidad de procesos que respeten el debido proceso. Organizaciones por la protección infantil consultadas por Télam destacaron la importancia de que la justicia actúe con celeridad y perspectiva de género, mientras que especialistas en derecho penal advierten sobre la presión mediática que puede condicionar investigaciones.
Este caso pone sobre la mesa dos dilemas simultáneos para la política pública: la urgencia de garantizar reparación y seguridad a las víctimas y la obligación del sistema judicial de producir pruebas robustas para evitar errores condenatorios. El juez Eliseo Sánchez basó su decisión en la valoración de pruebas testimoniales y periciales que, según el texto del fallo al que tuvo acceso este medio, fueron consideradas suficientes para acreditar el delito.
La defensa anunció que apelará ante la Cámara correspondiente, lo que prolongará el proceso y trasladará la discusión al estrado superior. Mientras tanto, el caso vuelve a exigir claridad institucional: fiscalías, organismos de protección y tribunales deben coordinar mecanismos que prioricen la verdad, la reparación y la prevención, sin sacrificar las garantías procesales.
Este diario seguirá de cerca las apelaciones y las repercusiones sociales del fallo, entrevistando a las partes, a especialistas y a organizaciones comunitarias para entender cómo afectan estas decisiones a la vida cotidiana de las familias y a la confianza en las instituciones.