Recorte al estímulo pone en jaque a transportistas para 2027
Una iniciativa de diputados federales propone reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos para acceder al estímulo fiscal por pago de casetas en 2027, en un momento en que los costos operativos del autotransporte no dejan de subir. La medida, impulsada en la Cámara de Diputados, busca ahorrar recursos fiscales, pero empresarios y choferes advierten efectos inmediatos sobre tarifas y abasto.
El estímulo por casetas ha funcionado como un alivio directo para el sector transporte al compensar parte de los cobros por peaje. Al bajar el umbral de 300 a 250 millones, quedan fuera unidades y empresas medianas que hoy todavía pueden beneficiarse, según un análisis preliminar de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).
CANACAR ha señalado que los costos de operación —diésel, refacciones y llantas, además de seguros y tarifas administrativas— han registrado incrementos en los últimos años, lo que reduce el margen de maniobra de transportistas pequeños y medianos. La organización advierte que el recorte puede traducirse en aumentos en el precio del flete o en la quiebra de operadores que ya trabajan con márgenes estrechos.
Un transportista consultado en la Ciudad de México resumió la preocupación que se repite en casetas y patios de carga: perder ese estímulo equivale a recortar un ingreso operativo que hoy sirve para pagar mantenimiento o amortiguar subidas del combustible. Para muchos, es la diferencia entre salir a trabajar o detener la unidad.
Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se justifica la propuesta como una medida de disciplina fiscal y búsqueda de eficiencia en el gasto. Fuentes legislativas sostienen que la reducción del umbral concentraría el beneficio en unidades de menor ingreso y liberaría recursos, aunque no han precisado el monto exacto del ahorro estatal ni las medidas compensatorias.
El riesgo social y económico, sin embargo, es tangible. El transporte de carga sostiene cadenas de suministro clave: alimentos, insumos médicos y materiales de construcción. Si los costos del traslado suben, el golpe puede trasladarse a consumidores y pequeñas empresas, en especial en zonas rurales donde la competencia y alternativas logísticas son limitadas.
Economistas y especialistas en movilidad consultados por este diario proponen alternativas menos lesivas: condicionar el estímulo a niveles de gasto en mantenimiento o seguridad, indexarlo a variaciones del precio del diésel reportadas por el INEGI, o diseñar mecanismos de focalización que protejan a micro y pequeños transportistas sin sacrificar la recaudación.
La discusión avanza en comisiones de la Cámara de Diputados y promete un debate intenso: por un lado, la necesidad de ordenar finanzas públicas; por el otro, la urgencia de no asfixiar a un sector que, en palabras de actores del transporte, funciona como la columna vertebral del comercio interno. La decisión que se tome tendrá efectos concretos en la factura que pagan empresas y familias.
Fuentes: Cámara de Diputados, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, CANACAR, INEGI.