Veto cruzado en la ONU deja al Sáhara sin misión de monitoreo
Por Sofía Català, corresponsal
Los vetos cruzados de Estados Unidos y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU han puesto fin a la presencia de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso), establecida en 1991 para vigilar el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario. Según fuentes de Naciones Unidas, la votación frustró la renovación del mandato y deja un vacío operativo en una zona que lleva décadas marcada por desplazamientos, incertidumbre y tensiones regionales.
Minurso no solo era un observador: para muchas comunidades saharauis era el único paraguas internacional que registraba violaciones del alto el fuego y garantizaba algún grado de seguridad en los territorios en disputa. Su desaparición, en términos prácticos, significa menos ojos sobre el terreno y mayor riesgo de incidentes que podrían escalar. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido reiteradamente sobre la vulnerabilidad de la población civil en los campamentos de Tindouf y en las zonas ocupadas por Marruecos; ahora reclaman a la comunidad internacional medidas urgentes para evitar un empeoramiento humanitario.
Detrás del choque de vetos hay cálculos geopolíticos. Estados Unidos, que en 2020 reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental durante la Administración Trump, y Rusia, que busca extender su influencia en el Mediterráneo y el Magreb, utilizaron el Consejo de Seguridad como tablero de negociación. Según diplomáticos europeos consultados por agencias como Reuters, la falta de consenso refleja también la creciente polarización en el seno de la ONU, donde decisiones sobre conflictos “menores” acaban atrapadas por rivalidades globales.
El impacto inmediato se ve en lo administrativo: personal retirado, patrullas interrumpidas y recursos redirigidos. Pero la consecuencia más grave es política y humana. Para las familias saharauis que viven en los campamentos de refugiados y para quienes quedaron en los territorios ocupados, la pérdida de Minurso significa más invisibilidad. El Frente Polisario, respaldado por Argelia, ha alertado sobre la posibilidad de reactivar hostilidades si no se reabre un cauce de negociación serio. Marruecos, por su parte, sostiene su reclamo de soberanía y responsabiliza a quienes obstaculizan soluciones prácticas.
La Unión Europea y países con lazos históricos —entre ellos España— tienen un papel clave para evitar el deterioro. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español han expresado preocupación por la situación y han pedido fórmulas para preservar la protección internacional de civiles. Sin embargo, la capacidad de presión diplomática depende de voluntad política: si los grandes actores internacionales siguen viendo el Sáhara como un peón en partidas mayores, las promesas de mediación se quedarán en palabras.
En términos prácticos, la sociedad civil y las organizaciones humanitarias necesitarán más recursos y acceso para atender necesidades básicas: agua, salud y educación en los campamentos de Tindouf, donde generaciones enteras han crecido en condiciones precarias. Es urgente también reforzar mecanismos imparciales de documentación de abusos, una función que Minurso no ejercía plenamente por carecer de mandato explícito de derechos humanos, pero que ahora resulta aún más necesaria.
El fin de Minurso pone de relieve una regla simple y dolorosa: cuando la geopolítica se impone, las personas que sufren el conflicto quedan expuestas. Naciones Unidas y las potencias que bloquearon la renovación tienen la responsabilidad de proponer de inmediato alternativas que no pasen por el olvido. Si no hay una estrategia creíble de protección y política, el Sáhara corre el riesgo de volver a convertirse en un territorio donde se prueban poderes sin reparar en el coste humano.