Perú se suma al Escudo de las Américas: promesas de seguridad y dudas sobre soberanía y derechos
Durante la primera jornada de su gira por Colombia, Ecuador y Perú, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio confirmó que Lima se integrará al denominado Escudo de las Américas, una alianza hemisférica impulsada desde Washington para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional. La presidenta Keiko Fujimori, señala la Casa Blanca, había expresado desde el inicio de su mandato su voluntad de sumarse a una coalición regional que fortalezca la cooperación en inteligencia, interdicción y apoyo militar-policial.
En términos simples, el anuncio promete más recursos en manos del Estado: tecnología para vigilancia, capacitación a fuerzas policiales y un flujo de información para operaciones conjuntas. Para áreas urbanas golpeadas por la inseguridad, eso puede traducirse en detenciones y mayor presencia policial. Para el gobierno, es un activo diplomático que refuerza su alineamiento con la Administración de Donald Trump, en palabras de Marco Rubio durante un acto en Bogotá.
No obstante, el Escudo de las Américas llega acompañado de interrogantes que van más allá de la retórica. Perú es, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), uno de los principales países productores de hoja de coca en la región. Las estrategias que privilegian la represión y la erradicación han mostrado, en experiencias anteriores, efectos contraproducentes: desplazamiento de cultivos hacia zonas más remotas, criminalización de campesinos y aumento de abusos por parte de fuerzas de seguridad cuando no existen salvaguardas claras, advierten organizaciones como Human Rights Watch.
En la práctica, la adhesión al Escudo podría intensificar operaciones en zonas como el VRAEM —el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro—, donde la presencia del Estado es débil y las comunidades viven de la agricultura. Allí, la historia enseña que la solución no es solo poner más helicópteros o radares. Es como intentar apagar un incendio arrojando más agua solo sobre la superficie: si no se atienden las causas —falta de alternativas económicas, precariedad social, servicios básicos ausentes— el problema se reencenderá.
Otra arista es la soberanía y la transparencia. ¿Qué tipo de coordinación implicará compartir inteligencia con Washington? ¿Qué garantías habrá para que las operaciones respeten estándares internacionales de derechos humanos? Instituciones como el propio Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo deben exigir protocolos claros y mecanismos de rendición de cuentas antes de que se envíen villas enteras de maquinaria militar a territorios rurales.
El beneficio estratégico para Perú es tangible: mayor capacidad operativa frente a mafias transnacionales que mueven drogas, armas y capital ilícito. Pero el costo político y social puede ser alto si no se acompaña de políticas públicas integrales: inversión en salud, educación, acceso a mercados legales para pequeños agricultores y programas de sustitución con participación comunitaria. Sin esas medidas, la militarización segura de caminos y montes solo desgasta comunidades y alimenta resentimientos.
Donde el Escudo puede aportar verdaderamente es en coordinación judicial y en cortar las redes financieras que permiten el negocio del narcotráfico. Allí la cooperación con Estados Unidos y países vecinos puede mejorar investigaciones y congelar activos. Pero para que eso no sea una causa perdida, la sociedad civil pide transparencia: contratos, acuerdos de cooperación y especificaciones técnicas deben ser públicos y revisados por el Congreso y organismos independientes.
Las palabras de Rubio y la confirmación de Fujimori abren una ventana de política exterior con efectos directos en la vida cotidiana: más operativos en los barrios, controles en rutas y potenciales colonias de intervención en zonas rurales. Para que esos cambios no terminen en más violencia y menos derechos, la clave será combinar seguridad con inversión social y supervisión ciudadana, recuerdan expertos citados por la UNODC y ONG como Human Rights Watch.
El Escudo de las Américas, si bien suena a paraguas protector, también puede convertirse en una losa si no se diseña con equidad. El desafío para Perú es claro: transformar anuncios internacionales en políticas que reduzcan el crimen sin sacrificar la democracia ni el bienestar de los más vulnerables.