Acuerdo urgente por la frontera: Fujimori y Noboa pactan mayor cooperación contra el crimen
Lima. Desde nuestro corresponsal Francisco Zacarías.
Los presidentes Keiko Fujimori y Daniel Noboa se reunieron ayer en Lima con una agenda clara: reforzar la seguridad en la línea fronteriza que comparten Perú y Ecuador. Según un comunicado de la Presidencia del Perú y la nota oficial de la Presidencia del Ecuador, los mandatarios acordaron intensificar el intercambio de inteligencia, coordinar patrullajes conjuntos y desplegar mecanismos de control migratorio y aduanero frente al avance del crimen organizado transnacional.
En el encuentro, celebrado en un tono de urgencia, las delegaciones plantearon medidas inmediatas —según las fuentes oficiales— como la creación de grupos binacionales de investigación, la compra compartida de equipos de vigilancia y la realización de ejercicios militares y policiales combinados. La Presidencia del Perú señaló que la cooperación busca «cerrar rutas de narcotráfico y tráfico de armas», mientras que la Presidencia del Ecuador destacó la necesidad de proteger a las comunidades fronterizas afectadas por la violencia.
Los datos recientes citados por la Policía Nacional del Perú muestran un aumento de episodios de violencia y de operaciones de redes criminales en corredores fronterizos que antes eran de baja incidencia. Eso explica en buena medida la premura política. Sin embargo, expertos y organizaciones sociales consultadas por este diario advierten que la respuesta no puede limitarse a más fuerzas en la línea: «La seguridad se desarma con desarrollo, no solo con tanques», resume un dirigente vecinal de la provincia fronteriza, que pidió reserva de su nombre.
El enfoque de centroizquierda que promovemos en este medio valora los resultados concretos: si el acuerdo reduce extorsiones y protege el comercio local, será un avance. Pero hay riesgos claros. La Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos han recordado en múltiples oportunidades que los operativos conjuntos deben respetar garantías constitucionales, evitar detenciones arbitrarias y garantizar acceso a asistencia para migrantes y refugiados. La experiencia en otras fronteras muestra que la militarización sin control civil puede agravar vulneraciones.
En la práctica cotidiana, los acuerdos prometen efectos mixtos. Para comerciantes y transportistas, más controles y seguridad pueden traducirse en menos robos y costos logísticos más bajos. Para comunidades indígenas y campesinas, temores antiguos resurgen: mayor presencia de seguridad suele implicar restricciones de tránsito, fiscalizaciones a pequeñas economías locales y riesgos de confrontación. La reunión de Lima no resolvió cómo integrar programas de desarrollo rural, sustitución de cultivos y empleo que ataquen el caldo de cultivo del delito.
Los gobiernos anunciaron también la creación de un canal permanente de coordinación entre fiscales y jueces de ambos países para acelerar la extradición y el procesamiento de líderes delictivos. Es un paso necesario; lo será aún más si va acompañado de más transparencia en las operaciones y rendición de cuentas públicas sobre resultados y costos.
Queda por ver si las promesas se traducen en políticas integrales. Sin datos de impacto independientes, los acuerdos corren el riesgo de quedarse en letra muerta o, peor, de reforzar respuestas policiales que no tocan las causas sociales. Como recuerda la Defensoría del Pueblo, la seguridad duradera exige combinar inteligencia, justicia efectiva y políticas sociales que ofrezcan alternativas a la economía ilegal.
Desde Lima, Francisco Zacarías reporta que la cumbre dejó un compromiso formal, comunicaciones abiertas entre ministerios y una hoja de ruta para seis meses. Las fuentes consultadas por este despacho incluyen la Presidencia del Perú, la Presidencia del Ecuador, la Policía Nacional del Perú y la Defensoría del Pueblo. La ciudadanía de la frontera estará observando, con razón, si las medidas mejoran su tranquilidad y su vida cotidiana o si se quedan en discursos y promesas.