Colapso en mina ilegal de Nariño deja 14 muertos; la mayoría eran mujeres
Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño. Un deslizamiento en una mina de oro que operaba de forma irregular en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé dejó al menos 14 muertos, de los cuales 12 eran mujeres, informó la Gobernación de Nariño el martes 20 de octubre. El suceso vuelve a poner en evidencia la combinación letal de pobreza, ausencia del Estado y minería informal en el suroeste del país.
El derrumbe ocurrió en una explotación artesanal en la que, según vecinos y autoridades locales citadas por la Gobernación, trabajaban familias enteras. Los equipos de emergencia y socorro llegaron a la zona, pero las condiciones del terreno y la falta de infraestructura de seguridad dificultaron las labores de rescate. Hasta ahora las autoridades han confirmado las víctimas y anunciaron investigaciones para esclarecer responsabilidades.
Este episodio no es aislado. La minería informal en Nariño y otras regiones ha generado tragedias similares, daños ambientales y condiciones laborales precarias. Muchas mujeres participan en estas faenas como cabeza de hogar o por falta de opciones laborales, una realidad que la Gobernación de Nariño y organizaciones sociales han denunciado en repetidas ocasiones. El resultado es una doble vulnerabilidad: exposición a riesgos físicos y ausencia de derechos laborales y protección social.
Desde una perspectiva pública, la tragedia obliga a preguntarse por la eficacia de las políticas de control y formalización. La ausencia de rutas claras para transformar la minería artesanal en actividad regulada deja a comunidades enteras expuestas a la ilegalidad y al peligro. Es urgente mejorar la presencia institucional en territorios remotos, ofrecer alternativas económicas sostenibles y fortalecer mecanismos de prevención de riesgos.
Voceros locales solicitaron atención inmediata para las familias de las víctimas: apoyo humanitario, reconocimiento de la condición laboral y medidas para prevenir nuevas tragedias. Organizaciones sociales y líderes comunitarios han exigido también investigación transparente sobre posibles responsabilidades administrativas y penales.
Más allá del dolor inmediato, este colapso muestra la necesidad de políticas públicas con enfoque de género y territorial que combinen supervisión ambiental, formalización de la minería, capacitación laboral y programas sociales que reduzcan la dependencia de actividades peligrosas. La Gobernación de Nariño aparece como fuente oficial de las cifras, pero la respuesta estatal deberá ser multisectorial y sostenida para evitar que estas pérdidas se repitan.
Fuente: Gobernación de Nariño y reportes locales.