Nueva ley de vivienda apunta a regular constructoras y proteger compradores
La Asamblea Nacional sancionó la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas, una norma que promete poner reglas más claras sobre los contratos de compraventa, definir obligaciones para las constructoras y dejar la fiscalización en manos del Ministerio de Vivienda y Hábitat. La presentación oficial llega en un momento sensible: el déficit habitacional que arrastra el país y los daños agravados tras el doblete sísmico del 24 de junio, según reportes de la propia Asamblea Nacional y del Ministerio.
Hablamos con Rigel Sergent, diputado del PSUV, dirigente del Movimiento de Inquilinos e ingeniero civil, quien ve la ley como “una herramienta para ordenar el mercado y proteger al comprador” pero advierte que su éxito dependerá de la capacidad institucional para supervisar proyectos y sancionar incumplimientos. Sergent señaló asimismo la necesidad de articular la norma con políticas de financiamiento y reconstrucción para que no quede en un marco legal sin aplicación.
¿Qué cambia en la vida cotidiana? En el papel, la norma busca que los contratos de compraventa incluyan plazos, garantías y mecanismos de resarcimiento cuando las obras se retrasen o no cumplan especificaciones. Para familias que han entregado dinero en preventas, esto puede ser la diferencia entre perder ahorros y obtener una vivienda. Para inquilinos y movimientos sociales, la expectativa es que la ley incorpore medidas que eviten desalojos masivos y promueva soluciones de alquiler y hábitat digno.
Sin embargo, hay sombras. Centralizar la fiscalización en el Ministerio de Vivienda y Hábitat puede agilizar procesos si hay recursos, o convertirse en una burocracia más si no se fortalece la transparencia. ONG y sectores técnicos llevan años denunciando fallas en la ejecución pública, corrupción en contrataciones y ausencia de controles locales: si esos problemas persisten, una buena ley corre el riesgo de ser letra muerta.
Además, expertos señalan un posible efecto secundario: normas más estrictas sobre garantías y supervisión pueden encarecer la obra y trasladar costos a compradores. En un país con caída del ingreso real y crédito reducido, cualquier aumento en el precio final complicará el acceso a la vivienda.
La ley tiene el potencial de ser un andamio sobre el que reconstruir parte del déficit habitacional, siempre que vaya acompañada de financiamiento accesible, fiscalización efectiva y participación ciudadana. Como advierte Rigel Sergent, no basta con regular: hay que crear mecanismos de vigilancia transparentes y canales para que los afectados —vecinos, inquilinos, compradores— hagan valer sus derechos.
La pelota está en la cancha del Estado y de los movimientos sociales. La nueva norma abre una ventana; lo que ocurra en los próximos meses determinará si se convierte en una herramienta de justicia habitacional o en un compendio de buenas intenciones.
Fuente: Asamblea Nacional; Ministerio de Vivienda y Hábitat; declaraciones de Rigel Sergent.