Perú reactiva orden de captura contra betssy chávez tras salvoconducto a méxico
La medida judicial, que incluye notificación a Interpol, intensifica la tensión entre el Ejecutivo y la oposición y plantea dudas sobre límites entre justicia y política.
La Corte Suprema de Justicia de Perú renovó la orden de captura nacional e internacional contra la exprimera ministra Betssy Chávez y pidió a Interpol su localización y detención, informó el Poder Judicial y lo amplió nuestro corresponsal Francisco Zacarías. La decisión llega más de dos semanas después de que el gobierno de Keiko Fujimori otorgara un salvoconducto para que Chávez viaje a México, país donde actualmente goza de asilo político.
El Ministerio Público mantiene investigaciones abiertas contra Chávez por hechos que, según las autoridades, requieren su disponibilidad para responder ante la justicia. La Corte Suprema, en su comunicado, insistió en la necesidad de activar mecanismos internacionales para evitar la impunidad; por su parte, Interpol fue notificada formalmente para emitir las alertas correspondientes.
Esta escalada tiene varios frentes. Primero, abre una disputa diplomática con México, que concedió asilo basado en riesgos que Chávez alegó sufrir en el país. Segundo, reaviva el debate sobre la politización de la persecución judicial: sectores críticos ven en la renovación de la orden una presión selectiva que castiga a opositores, mientras que autoridades sostienen que se trata de garantizar la acción de la justicia.
La situación es comparable a una cuerda tensada entre rendición de cuentas y resguardo de derechos: la justicia exige que investigados comparezcan, pero el asilo y las normas internacionales sobre persecución política limitan hasta dónde puede llegar una orden de captura. Interpol, recordaron expertos consultados por este diario, tiene reglas claras que impiden actuar cuando una petición tenga motivaciones políticas, lo que añade un filtro técnico al asunto.
Para la ciudadanía, el caso tiene implicaciones concretas. Si la justicia funciona con criterios transparentes, se refuerza la confianza institucional; si se percibe selectiva, el desgaste democrático alimenta la polarización y la resignación. En barrios y plazas, vecinos expresan preocupación por la estabilidad institucional y por la sensación de que la ley cambia según el color político del acusado.
Desde la perspectiva del gobierno de Keiko Fujimori, el salvoconducto respondió a puntualidades administrativas y al derecho de tránsito, según fuentes oficiales citadas por Francisco Zacarías. México, a través de su cancillería, mantiene su postura sobre el asilo y las obligaciones internacionales en materia de protección.
El próximo capítulo dependerrá de decisiones técnicas: si Interpol emite una notificación roja, si México evalúa solicitudes de extradición y, sobre todo, de si el Ministerio Público aporta pruebas que sostengan ante tribunales la apertura de procesos penales. En ese camino debe primar la transparencia. La justicia no puede ser ni un instrumento de venganza ni una coraza para la impunidad.
Fuentes consultadas: Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Interpol, Gobierno de Keiko Fujimori y el corresponsal Francisco Zacarías.