Iniciativa busca multas millonarias si funerarias retienen restos por impago
Una diputada propone castigar con multas de hasta $4,274,960.73 a funerarias que retengan restos, cenizas o documentos como presión por una controversia de pago. La información proviene de un comunicado oficial de la Cámara de Diputados.
La iniciativa, presentada por la diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora (MC), busca adicionar el artículo 65 Quáter y reformar el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entre los cambios que propone están: entregar antes de contratar un presupuesto desglosado de forma gratuita (con los bienes y servicios básicos, los opcionales, impuestos y precio total), obtener consentimiento expreso para cargos adicionales, respetar la libre elección de opciones, exhibir precios, usar el contrato registrado e informar sobre restricciones sanitarias o técnicas. Si no se cumplen estos requisitos, la sanción prevista va de $1,093.02 hasta $4,274,960.73.
La diputada argumenta que la contratación de servicios funerarios ocurre en un momento de “duelo, urgencia y alta vulnerabilidad emocional”, cuando las familias deben decidir en pocas horas sobre traslado, preparación, velación, ataúd o urna, cremación o inhumación. En ese contexto, dice, prácticas como presupuestos globales sin desglose, cargos no autorizados o la retención de cenizas se convierten en una forma de extorsión legalizada; su propuesta busca evitar que el duelo de una familia se convierta en garantía de pago.
En la práctica, esto significaría que nadie podría retener las cenizas o el acta de defunción para cobrar una cuenta; los proveedores seguirían pudiendo exigir el pago por las vías legales, pero no usarían los restos o documentos como palanca. Para una familia, la medida promete reducir la presión inmediata y facilitar comparar opciones antes de pagar en un momento difícil.
Ahora bien, hay preguntas abiertas. Que la norma fije multas millonarias suena a disuasión fuerte, pero su eficacia dependerá de la capacidad de la autoridad para recibir denuncias, investigar y multar. La iniciativa sostiene que son “medidas organizativas que no requieren infraestructura pública adicional”, pero en la realidad convertir una regla en cumplimiento efectivo suele exigir inspecciones, seguimiento de quejas y recursos administrativos.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen. Si avanza, las funerarias deberán adaptar contratos y prácticas; si no, las familias continuarán recurriendo a la Procuraduría Federal del Consumidor para denunciar abusos. La iniciativa, según el comunicado oficial de la Cámara de Diputados, busca homogenizar información y reducir conflictos en un sector donde la urgencia y el dolor facilitan malos tratos comerciales.