Ramírez Cuéllar pide endurecer sanciones contra factureras para frenar el saqueo fiscal
Por: Redacción
La propuesta busca atacar el problema desde el origen para evitar daños patrimoniales.
El político Ramírez Cuéllar elevó ayer el tono: exigió mano dura contra las empresas factureras y planteó medidas que, dijo, buscan cortar el problema de raíz antes de que cause más “daños patrimoniales” a las arcas públicas. Según reportes de La Jornada y datos oficiales citados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las redes de facturación apócrifa han permitido la evasión y el lavado que restan recursos a servicios básicos.
En su propuesta, Ramírez Cuéllar plantea herramientas preventivas —no sólo punitivas—: suspensión inmediata de registros fiscales cuando existan indicios sólidos, bloqueo de cuentas bancarias vinculadas y la devolución forzosa de activos en favor del fisco, además de coordinación plena entre SAT, UIF y la Fiscalía. “No se trata solo de castigar; se trata de cortar el grifo que alimenta el saqueo”, afirmó en conferencia, según el reporte de La Jornada.
El impacto de las factureras no es abstracto: menos recaudación significa menos inversión en escuelas, hospitales y programas sociales. Es la metáfora de un árbol podrido: si no se arrancan las raíces, las ramas seguirán secándose. Por eso, la propuesta insiste en medidas tempranas que eviten perjuicios patrimoniales a terceros y al Estado.
Sin embargo, expertos y defensores de derechos económicos advierten riesgos reales. Procedimientos abruptos pueden afectar a proveedores reales y a pequeñas empresas que operan con márgenes estrechos. Organizaciones consultadas por medios como El Financiero han pedido que cualquier acción incluya rutinas claras de verificación, auditorías públicas y garantía de debido proceso para evitar errores que castiguen a inocentes.
Hay también una responsabilidad institucional: el SAT y la UIF cuentan con herramientas, pero los procesos suelen ser lentos o parciales, lo que genera impunidad. Ramírez Cuéllar propone, además, mejorar la interoperabilidad de bases de datos, facilitar denuncias ciudadanas y sanciones administrativas y penales proporcionales.
La propuesta, en su tono, combina exigencia y cautela: busca medidas firmes contra las factureras, pero también pide salvaguardas para que la persecución no se convierta en una “cacería” que dañe a la economía formal. Como publicó La Jornada, la iniciativa ya abrió el debate entre quienes piden mano dura inmediata y quienes reclaman reglas claras y controles judiciales.
Si se concretan, las medidas podrían ser un avance para recuperar recursos desviados; si se aplican sin criterios claros, podrían perjudicar a empresas humildes y erosionar la confianza en las instituciones. En el centro del reclamo está la ciudadanía: es su patrimonio y sus servicios sociales lo que está en juego.