Doce años sin justicia: ayotzinapa y la resistencia de las familias
Ciudad de México. Por Juan Carlos Aguirre.
Este 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Doce años después, lo que debía ser una fecha para recordar trayectorias de vida se ha convertido en un recordatorio punzante de impunidad, decisiones oficiales que no cerraron heridas y familias que no se rinden.
Los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la ONU cuestionaron desde temprano la llamada «verdad histórica» que atribuía los hechos exclusivamente a bandas criminales y responsabilizaron también a autoridades locales y estatales por omisión y posibles vínculos con los agresores. Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y colectivos como Colectivo Solecito y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan han exigido reiteradamente investigación plena y acceso a la justicia.
La administración federal impulsó en 2020 una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, y se abrieron nuevas líneas de investigación; sin embargo, para las familias el ritmo ha sido lento y los resultados parciales. Mientras algunos señalados han sido detenidos, la sensación de que existen capas de responsabilidad sin investigar persiste. La falta de una respuesta integral alimenta la indignación: la impunidad no es solo ausencia de condenas, es la continuidad de la incertidumbre y la negación del derecho a saber qué ocurrió con sus hijos.
En la Ciudad de México, organizaciones sociales y padres y madres de los estudiantes organizaron una jornada de memoria y protesta. Los rostros de quienes esperan no son solo estadísticas: son madres, padres y compañeros que han convertido el dolor en búsqueda cotidiana, excavando en fosas, archivando documentos y manteniendo viva la demanda de verdad. La imagen de su persistencia es una metáfora clara: una lámpara que no apagan y que obliga a la sociedad a mirar.
El caso Ayotzinapa ha tenido impactos palpables en la vida pública mexicana. Ha puesto en evidencia fallas estructurales en procuración de justicia, en controles sobre cuerpos de seguridad y en la protección de derechos humanos. También ha impulsado reformas y ha fortalecido redes de acompañamiento y defensa legal que, a su vez, exigen mayor transparencia y recursos para las investigaciones forenses.
Expertos y defensores consultados señalan que, para avanzar, se requieren medidas concretas: investigación independiente y con respaldo técnico, protección efectiva a testigos y peritos, acceso a archivos militares y policiales, y reparación simbólica y material para las familias. Sin estos pasos, cualquier avance procesal corre el riesgo de ser parcial o reversado.
Doce años después, la exigencia es simple en su fondo y compleja en su cumplimiento: verdad, justicia y no repetición. Como recuerda el informe del GIEI y las voces de las familias recogidas por organizaciones como el Centro Prodh, la memoria colectiva es también un elemento de prevención. Mientras tanto, la sociedad civil sigue empujando para que la desaparición de 43 estudiantes no quede como una herida sin reversión.
Desde Ciudad de México, Juan Carlos Aguirre reporta para este medio sobre las voces que persisten y las instituciones que deben responder.