Sheinbaum cuestiona asistencia de funcionarios a acto con embajador de EU
La mandataria exigió explicaciones al gobernador y al diplomático por un acto público donde, aseguró, no se invitó a elementos federales, y cuestionó además la construcción de una academia de capacitación policial. Sin embargo, según reportes de El Universal, varios funcionarios federales sí estuvieron presentes en el evento con el embajador de Estados Unidos, lo que abrió un nuevo capítulo en la disputa política y de seguridad entre autoridades locales y federales.
La tensión surge en un contexto sensible: la coordinación entre niveles de gobierno en materia de seguridad es una pieza clave para la vida cotidiana de la ciudadanía. Sheinbaum sostuvo que la exclusión de elementos federales —si se confirma— debilita la cooperación y puede generar huecos operativos en la respuesta a la delincuencia. Por su parte, la asistencia de funcionarios federales, de acuerdo con la crónica de El Universal, apunta a una realidad más compleja que lo que planteó la mandataria en sus reclamaciones públicas.
La crítica sobre la academia de capacitación policial suma ingredientes al debate. Para la mandataria, la obra representa una inversión mal calibrada que no necesariamente atiende las prioridades de seguridad ciudadana. En términos coloquiales, dijo que construir la casa sin definir antes quién la va a habitar podría ser gastar tiempo y recursos en el resultado equivocado. Este argumento toca dos fibras: la eficacia en el gasto público y la orientación de las políticas de seguridad hacia resultados concretos para la población.
Más allá del choque de versiones, hay efectos concretos sobre la ciudadanía. La percepción de descoordinación entre autoridades desalienta la confianza pública y puede traducirse en retrasos operativos en investigaciones, menos informes compartidos y una sensación general de improvisación en asuntos que afectan la vida diaria: patrullajes, investigaciones y protección a víctimas.
Desde una perspectiva constructiva, especialistas consultados por El Universal sugieren tres prioridades: transparencia en las invitaciones y la logística de eventos oficiales; auditoría pública de obras y contratos relacionados con la academia; y mesas de trabajo multinivel para aclarar el papel de cada fuerza en la formación policial. Sin claridad, el debate seguirá siendo un choque de declaraciones más que una mejora real en la seguridad.
El episodio deja una lección política clara: la simbología de un acto puede pesar tanto como su contenido. Que funcionarios federales hayan asistido a un evento que la mandataria calificó de excluyente muestra que la gobernanza no se resuelve solo con comunicados. Requiere, además, acuerdos operativos, rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana que permitan vigilar tanto quién asiste a qué actos como cómo se ejecutan los recursos destinados a la seguridad.
Por ahora, la exigencia de explicaciones permanece en el aire. La población espera respuestas concretas sobre la agenda de capacitación policial y sobre cómo se coordinará la acción entre gobierno estatal y federaciones. Si no llegan, el riesgo es que la desconfianza se convierta en otro obstáculo para la seguridad cotidiana de la gente.
Fuente: El Universal.