Cien días de fujimori: 621 homicidios, descontento y polémica por la seguridad
Lima. Keiko Fujimori cumple 100 días en la Presidencia marcada por una ola de violencia que, según el Ministerio del Interior, ya suma 621 homicidios desde su toma de mando. La crisis de seguridad se combina con un fuerte rechazo ciudadano: una encuesta de Ipsos Perú muestra que el 47% califica su gestión como regular, el 38% como mala y solo el 10% como buena. Amplía la información nuestro corresponsal Francisco Zacarías.
La cifra de asesinatos —oficialmente contabilizada por el Ministerio del Interior— ha encendido las alarmas en barrios populares y zonas urbanas donde comerciantes cierran más temprano y padres evitan que sus hijos circulen de noche. Para muchos, la promesa de mano dura que caracterizó la campaña no se ha traducido en seguridad palpable.
En Palacio de Gobierno defienden medidas tomadas en estas semanas: mayor despliegue policial, operativos en puntos críticos y anuncios de reformas en la inteligencia criminal. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil advierten que las acciones son fragmentadas y que faltan diagnósticos claros sobre las causas estructurales del delito, como la pobreza, el desempleo juvenil y la desconfianza en las instituciones.
Vecinos consultados en Lima y en provincias describen escenas que ilustran el impacto cotidiano: negocios que limitan horarios, escuelas con temor a excursiones y transporte público percibido como inseguro. «Antes se sentía la calle, ahora se siente riesgo», resume una comerciante de un mercado de la capital, en declaraciones recogidas por nuestro corresponsal.
El impacto político es inmediato. Más allá de las cifras de opinión de Ipsos Perú, el entorno legislativo y las alianzas regionales observan con cautela una administración que necesita estabilizar la percepción pública. Analistas consultados por este diario señalan que la gobernabilidad estará en juego si no se articulan respuestas integrales: más policía no basta si no hay investigación, prevención y políticas sociales que reduzcan la atracción del crimen.
La Defensoría del Pueblo, junto a colectivos locales, ha pedido al Ejecutivo transparencia en los datos y supervisión ciudadana de las medidas de seguridad para evitar abusos. Expertos en seguridad recomiendan priorizar la modernización policial, programas de prevención en barrios vulnerables y coordinación real entre los ministerios involucrados.
En el balance de los primeros 100 días hay también promesas de inversión social y anuncios económicos que el Gobierno sostiene como parte de su hoja de ruta. Pero en la calle la pregunta que repite la ciudadanía es simple y urgente: ¿puede el gobierno garantizar seguridad básica sin sacrificar derechos ni caer en soluciones cortoplacistas?
Si la administración de Fujimori quiere cambiar la tendencia, deberán llegar medidas verificables y visibles para la ciudadanía, acompañadas de indicadores públicos y auditorías independientes. De lo contrario, la cifra de 621 homicidios quedará como la marca que definió sus primeros meses y el rechazo continuará minando su capacidad de gestión.
Reporta desde Lima Francisco Zacarías.