Transportistas empujados por la inseguridad suben tarifas y trasladan el costo a la gente
La violencia en las carreteras se ha convertido en un impuesto extra que pagan empresas, transportistas y, al final, los consumidores. Rutas cambiadas, escoltas privadas y peajes de hecho que imponen bandas criminales encarecen el transporte de mercancías y presionan la canasta básica, según testimonios de conductores y reportes de organizaciones del sector.
“Antes una ruta de Veracruz a la Ciudad de México tomaba un día; ahora damos rodeos, pagamos seguridad y a veces ni así evitamos cierres o extorsiones”, dice Juan López, chofer con 18 años en la carretera. Su experiencia coincide con los diagnósticos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, CANACAR, que ha advertido sobre el aumento de costos operativos por inseguridad y la necesidad de redoblar medidas de protección en tramos catalogados de alto riesgo.
Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, muestran un incremento sostenido de delitos que afectan al transporte en varias entidades. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, informó sobre despliegues puntuales de la Guardia Nacional para proteger corredores comerciales, pero los transportistas critican la insuficiencia y la irregularidad de esos operativos.
El resultado es una cadena de costos: empresas de logística modifican itinerarios para evitar zonas conflictivas, lo que aumenta kilómetros y combustible; otras contratan custodia privada o aceptan el pago de “derecho de paso” impuesto por grupos criminales. Esos incrementos, sostienen economistas y dirigentes empresariales citados por El País y El Universal, se traspasan al precio final de alimentos y artículos básicos.
La situación también tiene un rostro humano. Familias de conductores viven con inseguridad y jornadas más largas; pequeños comerciantes enfrentan márgenes más estrechos porque no pueden absorber aumentos de flete. Los expertos del sector proponen medidas claras y financiadas por el Estado para mitigar el impacto: corredores seguros certificados, programas de seguros subsidiados para pymes transportistas, mayor coordinación interinstitucional y tecnología de rastreo con respaldo público.
Las autoridades deben asumir responsabilidades, pero también es necesario un esfuerzo conjunto entre gobierno, camioneros y ciudadanos para defender la cadena logística. Como apunta un informe reciente de organizaciones gremiales, no se trata solo de patrullas, sino de políticas públicas que ataquen la corrupción en puntos de control, mejoren infraestructura y ofrezcan apoyo económico temporal a las pequeñas empresas del transporte.
Si no se actúa con rapidez y transparencia, el costo de la inseguridad seguirá deslizándose por la economía cotidiana, desde el precio del kilo de tortilla hasta el costo de un electrodoméstico. Lo que hoy pagan los transportistas puede terminar siendo la factura que pague la mayoría de la población.