Suben impuesto a la cerveza; diputados prevén recaudar 6,500 millones
La iniciativa en la Cámara de Diputados propone aumentar hasta un peso la carga fiscal sobre la cerveza. Promotores hablan de recursos para salud y programas sociales; críticos advierten sobre el bolsillo de la gente y el impacto en pequeños negocios.
La propuesta formalizada en la Cámara de Diputados plantea aumentar hasta un peso la tasa que grava la cerveza, una medida que, según los cálculos incluidos en la iniciativa, podría generar cerca de 6,500 millones de pesos adicionales para el erario. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los legisladores impulsores argumentan que esos recursos se podrían canalizar a salud pública y programas sociales, además de desincentivar el consumo excesivo.
En la calle, la noticia se siente como un pequeño impuesto más en la cuenta del fin de semana. Para quienes compran chelas en la tienda de la esquina o para bares y cantinas familiares, un peso extra por lata o botella se traduce en clientes que miran la etiqueta con más atención. Un encargado de una cantina en la ciudad comentó a este diario que «si la gente anda ajustada, lo primero que recorta es la salida a tomar una cerveza».
Los argumentos a favor mezclan salud pública y responsabilidad fiscal: impuestos selectivos —como los que ya aplican al tabaco o bebidas azucaradas— buscan reducir externalidades y generar recursos para atender daños. Sin embargo, organizaciones civiles y especialistas en economía fiscal recuerdan que los impuestos al consumo suelen ser regresivos: pesan más en hogares de menores ingresos y pueden afectar a productores locales y microempresas que no tienen margen para absorber incrementos.
El sector cervecero también estará al pendiente. En el pasado, la industria ha advertido que aumentos fiscales trasladados al precio final pueden incentivar la informalidad y reducir ventas, con efectos sobre el empleo. Por su parte, legisladores promotores aseguran que la medida se diseñará para minimizar impactos en pequeñas cervecerías y negocios de la cadena productiva, según se lee en la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados.
En resumen, el debate que comienza es sencillo en apariencia pero complejo en efectos: ¿vale la pena poner un impuesto más para financiar políticas públicas y, quizá, reducir consumo perjudicial, aun cuando la carga pueda recaer sobre bolsillos ya ajustados? El Congreso tendrá la última palabra, mientras consumidores, comerciantes y autoridades discuten quién asume el costo y a cambio de qué beneficios sociales.