Colectivos exigen a la ONU medidas inmediatas tras activación del artículo 34 en México
Familias de desaparecidos y organizaciones civiles pidieron a la comunidad internacional intervención urgente después de que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activara el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada, una medida inédita del organismo. Mediante un documento dirigido a los países miembros, los colectivos solicitaron que se definan pasos concretos y plazos para proteger a las víctimas y avanzar en las búsquedas.
Organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y el Centro Prodh, junto con Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han señalado que la activación del artículo 34 responde a una crisis de dimensiones sistémicas: según la Comisión Nacional de Búsqueda, hay más de 100,000 personas registradas como desaparecidas en el país. Para los colectivos, eso no es solo un número; es una cadena de hogares rotos, jornadas de búsqueda interminables y procesos forenses que tardan años.
En el documento entregado a los Estados miembros, las agrupaciones exigen medidas inmediatas como la instalación de una misión independiente de verificación, la protección efectiva para personas buscadoras y denunciantes, el acceso pleno a archivos y bases de datos forenses, y cooperación técnica internacional para acelerar identificación de restos. Estas demandas buscan transformar un gesto internacional —la activación del artículo 34— en acciones palpables en territorio mexicano.
El gobierno federal, representado por la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República, ha difundido avances administrativos, pero los colectivos critican que esos avances no se traducen en resultados cotidianos: búsquedas sin coordinación, falta de presupuestos sostenibles para los laboratorios de genética y demoras judiciales que perpetúan la impunidad. Para las familias, cada mes sin respuesta es una promesa rota y una memoria que no encuentra reposo.
La medida de la ONU coloca a los países miembros ante una decisión política: pasar de la condena simbólica a medidas concretas de apoyo. Según Amnistía Internacional, sin observación y cooperación externa las reformas locales pueden quedarse en papel. Para Human Rights Watch, una verificación independiente sería un paso clave para recuperar confianza y garantizar que las investigaciones no queden monopolizadas por intereses locales o por inercia institucional.
La activación del artículo 34 abre una ventana de oportunidad, pero también pone en evidencia responsabilidades: el Estado mexicano debe acelerar y transparentar búsquedas, invertir en genética forense y coordinar con los colectivos que llevan años buscando. Los colectivos, por su parte, exigen que la comunidad internacional no convierta la medida en un gesto decorativo.
En palabras de integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, citados en el documento, la petición a la ONU es «para que haya acciones que se sientan en las manos y en el suelo», no solo en oficinas en Ginebra. Es una convocatoria a que la política internacional se traduzca en vidas encontradas y en justicia para quienes aún esperan.