Diputada propone tipificar reclutamiento forzado y hasta 30 años por menores
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) presentó una iniciativa para crear en el Código Penal Federal un capítulo específico sobre el delito de reclutamiento forzado y la utilización de personas menores de edad en actividades delictivas, según un comunicado oficial de la Cámara de Diputados.
La propuesta busca sancionar con penas de 15 a 25 años de prisión y entre mil y dos mil días multa a quien obligue, induzca o incorpore a una persona a formar parte de una asociación delictuosa, banda o pandilla mediante fuerza, amenaza, engaño, coacción económica o aprovechando una situación de extrema vulnerabilidad. Si la víctima es menor de 18 años, la pena propuesta subiría a 20–30 años de prisión y 2,000–4,000 días multa. El documento fue turnado a la Comisión de Justicia.
Un punto central de la iniciativa es que, cuando se trate de menores, no será necesario probar violencia o engaño para imputar el delito y el supuesto consentimiento de la persona menor no eximirá de responsabilidad al reclutador. La diputada justifica esa medida advirtiendo que la aparente voluntad de niñas, niños y adolescentes muchas veces es producto de manipulación, precariedad o presión del entorno: pensar que aceptaron libremente es como culpar a la víctima por haberse subido a un bote con un motor averiado.
La iniciativa también contempla agravantes: las penas aumentarán hasta en la mitad si el autor es o fue servidor público de instituciones de seguridad, procuración de justicia, sistema penitenciario o Fuerzas Armadas. Además se endurecerán las sanciones cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas, afromexicanas, sean personas con discapacidad o estén en situación de movilidad humana.
En su exposición de motivos, Aguilar plantea que el Código Penal Federal actualmente carece de una tipificación autónoma del reclutamiento, lo que obliga al Ministerio Público a encuadrar estos hechos en figuras como trata de personas, secuestro o corrupción de menores. Esa práctica, dice el comunicado oficial, dificulta la persecución eficaz del delito y puede terminar criminalizando a los propios menores reclutados, cuando en realidad deberían ser reconocidos como víctimas.
La propuesta busca, en palabras de la legisladora, «perseguir la conducta de reclutamiento desde su origen» y alinear el ordenamiento federal con los estándares internacionales y el interés superior de la niñez consagrado en la Constitución. En la práctica, la intención es que la ley permita investigar y procesar a los reclutadores y a quienes financian u organizan estas redes, en lugar de dispersar la responsabilidad en figuras legales que no describen con precisión el fenómeno.
Qué significa esto para la gente: si la iniciativa avanza, las autoridades tendrían una herramienta legal más clara para imputar y separar a quienes someten a jóvenes y comunidades vulnerables a redes criminales. Para familias en zonas rurales o urbanas con presencia de grupos delictivos, la tipificación podría traducirse en investigaciones más precisas y sanciones mayores para los reclutadores. Sin embargo, la redacción y aplicación de la ley será crucial: de poco sirve una pena alta si las fiscalías no cuentan con recursos o protocolos para identificar a víctimas menores y asegurar su protección integral.
La iniciativa busca también evitar que servidores públicos implicados en el fenómeno queden impunes por su condición. Pero la eficacia dependerá de investigaciones transparentes y mecanismos que protejan a testigos y supervivientes, así como de políticas sociales que reduzcan la vulnerabilidad que los grupos criminales explotan: pobreza, falta de educación y ausencia de oportunidades son los ganchos que usan para atraer jóvenes.
El comunicado oficial de la Cámara de Diputados expone que, con esta reforma, se pretende homologar la respuesta penal y garantizar que las niñas, niños y adolescentes sean tratados como víctimas. La iniciativa abre el debate sobre cómo combinar endurecimiento punitivo con medidas de prevención, reparación y reinserción, para que la ley no solo castigue, sino que también contribuya a sacar a las comunidades del ciclo de violencia.
La propuesta ahora sigue su trámite legislativo en la Comisión de Justicia, donde se evaluará su constitucionalidad, técnica penal y compatibilidad con los estándares de protección infantil y derechos humanos.