Diputada propone atención psicológica obligatoria, gratuita y confidencial para policías
La Cámara de Diputados informó en un comunicado oficial que la diputada María Fabiola Karina Pérez Popoca (Morena) presentó una iniciativa para que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública garantice atención psicológica y contención emocional a todo el personal de las instituciones policiales federales, estatales y municipales.
La propuesta modifica los artículos 8 y 61 y adiciona un artículo 61 Bis. En términos sencillos, plantea que los sistemas de seguridad social de las policías incluyan un servicio permanente, sin costo y confidencial de salud mental, que se vaya más allá de una consulta eventual: la atención sería programada dentro de la jornada laboral, con sesiones al menos cada seis meses y acceso inmediato tras incidentes traumáticos severos.
Si esto se aprueba, un agente que sufra un evento crítico —un tiroteo, una detención violenta o la muerte de un compañero— tendría derecho a atención psicológica en las propias instalaciones de su corporación o mediante convenios con instituciones públicas de salud. Los expedientes y el contenido de las terapias serían confidenciales y, salvo en casos de riesgo inminente para la vida o la detección de un delito, no podrían usarse como prueba para separar o sancionar al servidor público.
La diputada justifica la iniciativa recordando que la labor policial conlleva estrés crónico, exposición continua a sucesos traumáticos y riesgos psicosociales que afectan la salud mental. Además, el documento señala que reportes periodísticos y organizaciones han documentado un aumento en intentos de suicidio entre mujeres policías durante su jornada laboral; por eso incluye un enfoque diferenciado y perspectiva de género.
El planteamiento busca que la respuesta sea homogénea a nivel nacional y no quede a la discreción de cada entidad o corporación. Es decir, pretende evitar que haya municipios o estados con programas robustos y otros sin ningún servicio, algo que para los impulsores de la reforma reduce la calidad y la legalidad en el uso de la fuerza y pone en riesgo tanto a la ciudadanía como al personal policial.
Qué significa esto en la práctica: si se concreta, los policías tendrían un apoyo institucional constante que podría disminuir el desgaste emocional, prevenir crisis y, esperanzadoramente, reducir episodios extremos como intentos de suicidio o conductas que deriven en excesos de fuerza. También implica presupuesto, capacitación de personal psicológico y protocolos claros para proteger la confidencialidad sin ocultar delitos graves.
La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana; ahora dependerá de su discusión, ajustes y, eventualmente, del voto en el pleno. Queda por ver cómo se articulará el financiamiento y quiénes serán los responsables de garantizar que la atención sea realmente accesible y no quede en buenas intenciones.
Que la Cámara de Diputados destaque este cambio en un comunicado oficial es un paso: reconoce el problema y lo eleva a la agenda legislativa. Pero los retos son prácticos y grandes: construir servicios psicológicos en un sistema de seguridad acostumbrado a priorizar lo operativo, cambiar culturas organizacionales y asegurar que la confidencialidad no se vuelva una puerta trasera que impida rendición de cuentas cuando hay conductas delictivas.
En suma, la propuesta de Pérez Popoca plantea algo urgente y que debería ser básico: cuidar la salud mental de quienes cuidan la seguridad pública. La discusión legislativa dirá si se convierte en ley con suficientes garantías para que esa promesa no se quede en papel.