Explosión en regimiento de Viacha deja más de 50 heridos y apaga la luz en el municipio
Un depósito de pirotecnia estalló en el Regimiento Bolívar, provocando un incendio que se extendió a viviendas cercanas y obligó a evacuar barrios enteros; autoridades militares y civiles prometen investigar.
Viacha, provincia Ingavi — Un estallido en un depósito de fuegos artificiales del Regimiento Bolívar, a unos 35 kilómetros de La Paz, dejó la tarde del martes más de 50 personas con heridas, varias de ellas de gravedad, y apagó el suministro eléctrico en la localidad, según informó el Ministerio de Defensa y la Gobernación de La Paz.
El incendio, descrito por vecinos como «una lluvia de chispas» que se convirtió en un voraz frente de llamas, se expandió con rapidez hacia viviendas colindantes. Bomberos voluntarios y unidades de socorro de La Paz y El Alto trabajaron durante horas para controlar el fuego, indicaron fuentes oficiales. Testigos relataron escenas de pánico: familias sacando enseres a la calle y equipos médicos improvisados en los accesos al cuartel.
Las autoridades informaron que los heridos fueron trasladados a centros de salud en El Alto y La Paz. La Gobernación señaló que varias personas están internadas por quemaduras y traumas, mientras que la situación de unas pocas se considera crítica. Por seguridad se habilitaron albergues temporales para quienes perdieron sus hogares.
Este accidente expone la proliferación de almacenes de material pirotécnico en instalaciones militares y su cercanía a zonas urbanas. Organizaciones vecinales y especialistas en seguridad han advertido durante años sobre los riesgos de guardar explosivos sin protocolos claros de separación y control. «No puede ser que vivamos a la sombra de depósitos que funcionan como una mecha encendida», dijo un dirigente vecinal que prefirió no ser nombrado.
El Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que se abrirá una investigación inmediata para determinar las causas y responsabilidades del siniestro. La Fiscalía General del Estado, según fuentes oficiales, inició ya actos investigativos y la Defensoría del Pueblo anunció seguimiento a la atención de las víctimas y a la protección de los derechos de los afectados.
Más allá de responsabilidades puntuales, el siniestro reaviva una discusión más amplia sobre políticas públicas: el control de materiales peligrosos, la ubicación de instalaciones militares respecto a barrios poblados y la inversión en prevención y respuesta ante emergencias. Desde un enfoque práctico, expertos consultados por este diario señalan que se necesitan protocolos de almacenamiento certificados, revisiones periódicas y planes de evacuación comunitaria, además de dotar a bomberos y centros de salud de recursos suficientes.
La interrupción del suministro eléctrico afectó comercios y servicios básicos, y aumentó la tensión en una población que ya lidia con la precariedad en infraestructura. La Gobernación anticipó que coordinará con la empresa encargada del servicio para restablecer la energía en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan.
En paralelo a las investigaciones, organizaciones sociales pidieron que el Estado garantice atención médica completa a los heridos y compensaciones a las familias que perdieron viviendas o bienes. La tragedia en Viacha subraya que la seguridad no es solo una cuestión técnica: es una política pública que toca la vida cotidiana de la gente, y sus fallas tienen consecuencias inmediatas y duraderas.
Seguiremos informando a medida que la Gobernación de La Paz, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía aporten nuevos datos sobre el número definitivo de los heridos, el alcance de los daños y las medidas concretas que se adoptarán para evitar que un episodio así se repita.