Loret: proyectos de AMLO dejan a Sheinbaum una carga financiera y política
Por un periodista
Carlos Loret de Mola puso el dedo en la llaga: la administración de Andrés Manuel López Obrador deja a Claudia Sheinbaum una «herencia maldita» conformada por proyectos emblemáticos con números rojos. En su análisis, Loret señala que la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y los intentos por recuperar Mexicana de Aviación arrastran sobrecostos, opacidad y riesgos fiscales que ya afectan el bolsillo y la vida cotidiana de millones de mexicanos.
Los datos preliminares que cita Loret provienen de diversas fuentes públicas, entre ellas reportes de la Auditoría Superior de la Federación y cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda. Todas apuntan a un patrón: costos que se elevan, beneficios sociales y económicos poco claros y un creciente peso sobre las finanzas públicas, justo en un momento en que la demanda social exige más inversión en salud, educación y programas de bienestar.
La refinería de Dos Bocas, en Tabasco, se convirtió en el símbolo de una apuesta energética costosa. Más allá del orgullo nacional que buscó transmitir el gobierno, la obra ha registrado retrasos y contratos que suscitan dudas sobre transparencia y eficacia. En el caso del Tren Maya, las críticas mezclan el costo económico con daños ambientales y sociales en comunidades del sureste: desmontes, afectación a ecosistemas y promesas de empleo que, hasta ahora, no se han traducido en beneficios claros y sostenibles para la población local.
La mención de Mexicana de Aviación entra en la lista como ejemplo de políticas de rescate y privilegios que requieren recursos públicos sin garantía de viabilidad. Para muchos analistas, esos proyectos son casos de oportunidad perdida: dinero público destinado a grandes obras que no necesariamente resuelven problemas estructurales como la desigualdad, el acceso a salud o la educación.
¿Qué significa esto para la ciudadanía?
Cuando los proyectos estatales consumen decenas de miles de millones de pesos sin rendición de cuentas clara, se restringe la capacidad del Estado para responder a necesidades básicas. Más hospitales, mejores escuelas y programas sociales pueden quedarse en segundo plano frente a sobrecostos y contratos poco transparentes. La gente lo percibe en servicios públicos insuficientes, en la volatilidad del empleo local y en la preocupación por el impacto ambiental en sus comunidades.
El diagnóstico de Loret no es una sentencia
El periodista exige matices: reconocer que algunas obras generan empleos y que parte de la inversión sí llega a regiones marginadas, pero advierte que eso no basta para justificar la falta de controles. Las críticas públicas piden fortalecer la fiscalización, abrir datos de contratos y costos, y permitir auditorías independientes que clarifiquen el destino del dinero.
Desde una perspectiva constructiva, especialistas consultados por este diario señalan medidas concretas: auditorías públicas y periódicas, transparencia total de contratos y adjudicaciones, evaluación de impacto ambiental y social antes de continuar obras y la creación de comités ciudadanos que acompañen la ejecución y operación. La prioridad, dicen, debe ser maximizar el bienestar social y minimizar riesgos fiscales.
Un llamado a la política responsable
Si Sheinbaum desea desactivar la llamada «herencia maldita», tendrá que apostar por rendición de cuentas y por reorientar recursos hacia políticas que mejoren la vida cotidiana: salud accesible, educación de calidad e inversión en infraestructura básica. La decisión no es menor: se trata de cómo y para quién se gasta el dinero público. Como recuerda Loret de Mola en sus comentarios, no basta con construir grandes obras para lucir una obra de Gobierno; lo que importa es que esas obras sirvan a la mayoría y no se conviertan en una carga para las generaciones futuras.