Damnificados cuestionan destino del fondo milagro tres meses después del terremoto
Por Rodrigo Sedano
Tres meses después del terremoto que sacudió varias zonas del país, las cicatrices siguen visibles en fachadas agrietadas, tiendas cerradas y casas apuntaladas con tablas y esperanza. Desde el Gobierno de Abelardo de la Espriella se insiste en que el llamado «fondo milagro» está siendo distribuido para la reconstrucción; sin embargo, en los pueblos y barrios más golpeados la realidad cuenta otra historia.
«Nos prometieron ayuda para reparar la casa y hasta ahora no hemos visto ni un papel», dice Carmen García, madre de tres hijos, mientras señala las fisuras que hacen visible el riesgo en su vivienda. «Dicen que el dinero ya salió, pero aquí nadie lo ha recibido». Su testimonio, recogido por este medio, es repetido por decenas de familias que coinciden en una sensación de abandono y desconfianza.
Las autoridades nacionales han emitido comunicados en los que detallan partidas presupuestales y programas de reasignación de recursos, y defensores del Gobierno argumentan que la logística de entrega exige tiempo y coordinación con alcaldías y gobernaciones. No obstante, varios líderes locales consultados por Rodrigo Sedano señalan problemas prácticos: listados desactualizados de beneficiarios, trámites burocráticos que retrasan desembolsos y falta de equipos de verificación sobre el terreno.
La tensión entre la versión oficial y la percepción en las zonas afectadas plantea dos preguntas clave: ¿llegó el dinero a las cuentas correctas? y ¿llegó a las personas que lo necesitan? Organizaciones comunitarias y concejos municipales exigen hoy una auditoría clara y participación ciudadana en la asignación de recursos. «La transparencia no es un lujo en emergencias, es una obligación», afirma José Herrera, líder comunal.
En municipios pequeños, donde la capacidad administrativa es limitada, el proceso de verificación ha tropezado con la falta de expedientes y la ausencia de un registro único de damnificados. Expertos en gestión del riesgo consultados por este diario recomiendan la creación urgente de comités locales integrados por representantes de la comunidad, veedurías ciudadanas y autoridades para acelerar entregas y evitar discrecionalidad.
Además del retraso en los recursos, la población denuncia que las respuestas asistenciales —alojamiento temporal, alimentos y atención psicológica— han sido insuficientes. «Se está priorizando comunicación política sobre intervención social», critica una trabajadora social que pidió reserva de su identidad por temor a represalias, y agrega que muchas familias están recurriendo a redes de solidaridad vecinal para sobrevivir.
Frente a estas denuncias, desde la oficina del ministro responsable se insistió en la necesidad de coordinar con entidades territoriales y en que existen rutas de apelación para quienes no aparecen en los padrones. Sin embargo, la ausencia de cifras públicas desagregadas por municipio impide cotejar de forma independiente cuánto se ha desembolsado y a cuántas familias ha llegado la ayuda.
La opacidad en la entrega de recursos no solo erosiona la confianza, también tiene efectos concretos sobre la vida cotidiana: escuelas que siguen cerradas, pequeñas empresas sin capital para reabrir y familias que rehacen su día a día entre refugios temporales y deudas crecientes.
Ante este panorama, voces sociales proponen medidas concretas: publicación periódica de listados verificados de beneficiarios, apertura de mecanismos de queja con plazos de respuesta claros, auditorías externas y la creación de veedurías comunitarias con acceso a la información relevante. «Si realmente hay voluntad de reconstruir, hay que dejar las promesas políticas y poner números sobre la mesa», resume Herrera.
La reconstrucción, sostienen líderes locales y expertos, no es solo una cuestión de recursos, sino de confianza democrática. Tres meses después del desastre, esa confianza está en entredicho. El reto, tanto para el Gobierno de Abelardo de la Espriella como para las administraciones locales, es convertir las partidas anunciadas en alivio tangible para quienes perdieron hogares y fuentes de ingreso.
Mientras tanto, en las calles y veredas afectadas, la gente sigue marcando las horas con paciencia y reproche. «No queremos discursos, queremos hechos», dice Carmen García. Su frase resume el reclamo que hoy repite la comunidad: claridad, rapidez y control ciudadano sobre un fondo que debe cumplir su promesa de alivio y reconstrucción.
Este informe fue elaborado por Rodrigo Sedano con testimonios y consultas a autoridades locales y nacionales.