Tres meses después, voluntarios mantienen la reconstrucción que el Estado postergó
Desde el 10 de agosto, jóvenes como Daniel Zuluaga y su colectivo, Voluntarios Bajo Cuerda, han sido el andamio que sostiene comunidades golpeadas por el sismo. Mientras tanto, las respuestas institucionales siguen sin llegar con la velocidad ni la claridad que exigen las familias.
En las calles polvorientas de los corregimientos más golpeados, las manos que levantan láminas, reparan cocinas y llevan agua son en su mayoría las de vecinos y voluntarios. Daniel Zuluaga y sus amigos llevan semanas organizando rutas de ayuda, coordinando donaciones y registrando necesidades básicas. Su experiencia confirma lo que advierte la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): la emergencia dejó a miles de hogares con daños y la recuperación requiere recursos y tiempos que no están garantizados.
“No alcanzamos a tapar todos los huecos”, dice un habitante que prefirió no dar su nombre, al ver cómo las brigadas ciudadanas trabajan a contrarreloj. Voluntarios Bajo Cuerda ha gestionado refugios temporales, bienes de primera necesidad y labores de búsqueda de documentación para familias que, pese a haber perdido sus documentos, quieren acceder a subsidios. Ese esfuerzo ciudadano contrasta con declaraciones oficiales que, según vecinos y líderes locales, no se han traducido en soluciones palpables.
Organizaciones comunitarias y fuentes locales consultadas por este periódico señalan retrasos en la entrega de ayuda oficial, errores en la priorización de damnificados y falta de transparencia en la información sobre dinero y cronogramas de reconstrucción. La UNGRD reconoce la magnitud del desastre, pero las cifras y los anuncios institucionales no alivian la espera de quienes todavía duermen en carpas o en casas con muros fisurados.
La brecha entre la urgencia social y la respuesta estatal crea un escenario en el que la civilidad se organiza para suplir funciones que deberían ser garantizadas por el Estado: contención inmediata, logística y reconstrucción inicial. Voluntarios Bajo Cuerda y otras redes vecinales han venido ejerciendo una labor que va desde lo técnico mínimo hasta el apoyo psicosocial, como si fueran un “servicio público paralelo” alumbrado por la solidaridad.
El problema no es solo técnico: es político. La reconstrucción requiere planes claros, transparencia en la gestión de recursos y participación comunitaria en la toma de decisiones. Expertos en gestión del riesgo consultados por medios locales insisten en que los programas de vivienda y los subsidios deben articularse con las comunidades afectadas para evitar soluciones inconexas y nuevas vulnerabilidades.
Mientras tanto, la ciudadanía organiza jornadas de recolección, mercados comunitarios y talleres de reparación en lugares donde la presencia estatal es intermitente. Ese tejido social ha evitado que la emergencia se convierta en crisis humanitaria mayor. Pero sostener ese esfuerzo con recursos propios y trabajo voluntario no es sostenible a mediano plazo.
La invitación que surge de las calles y de las fuentes consultadas, incluida la UNGRD y líderes locales, es clara: se necesita un plan de reconstrucción con cronogramas verificables, acceso a la información pública y mecanismos para que las comunidades participen y fiscalicen. Voluntarios Bajo Cuerda seguirá llenando huecos mientras las instituciones no cumplan, pero no puede ni debe ser la única solución.
Esta historia está basada en entrevistas y en información recabada de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), testimonios de vecinos y fuentes de organizaciones comunitarias, que coinciden en una urgencia: pasar de la asistencia temporal a la reconstrucción con justicia y transparencia.