Cuéllar propone que la extorsión sea declarada amenaza económica urgente
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presentó esta semana la iniciativa para que la extorsión —esa cuota que muchas micro y pequeñas empresas pagan para poder abrir cada mañana— sea reconocida como una amenaza económica urgente. La propuesta busca poner en el centro no solo el delito, sino su efecto sobre empleos, inversión local y la capacidad de las familias para salir adelante.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la extorsión continúa siendo una de las principales preocupaciones de comerciantes y prestadores de servicios en varias regiones del país. Ramírez Cuéllar argumenta que catalogarla como amenaza económica permitiría destinar recursos fiscales extraordinarios, focalizar programas de apoyo a víctimas y coordinar a las dependencias federales, estatales y municipales para frenar el daño al tejido productivo.
La metáfora es simple: cuando la extorsión actúa como una gotera en el techo de una casa, no basta con cambiar una teja; hace falta revisar la estructura, reforzar vigas y proteger los muebles. De forma práctica, la iniciativa plantea medidas para detectar zonas de mayor impacto, proteger a denunciantes y a negocios vulnerables, y sancionar a quienes operan redes de cobro ilegal.
La propuesta tiene aspectos positivos claros: reconoce que la inseguridad tiene consecuencias económicas directas y obliga a pensar políticas públicas más integradas entre seguridad, desarrollo económico y justicia. Sin embargo, también deja preguntas abiertas. ¿Cómo se evitará que la clasificación sirva para centralizar recursos sin supervisión? ¿Qué mecanismos garantizarán que los apoyos lleguen realmente a pequeños comerciantes y no a intermediarios? Instituciones como la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad tendrán que explicar cómo armonizar criterios y evitar duplicidades.
Para los comerciantes y las familias afectadas, cualquier cambio debe traducirse en disminución real de las extorsiones, protección efectiva y reparaciones. Desde la Cámara de Diputados, la iniciativa tendrá que debatirse en comisiones y someterse al escrutinio público; allí se definirá si la propuesta se limita a una etiqueta jurídica o si se acompaña de reglas claras de implementación y rendición de cuentas.
Fuente: declaraciones públicas de Alfonso Ramírez Cuéllar y reportes de INEGI y SESNSP. El reto es que la medida, si avanza, no quede en un titular y se convierta en alivio concreto para quienes pagan, por miedo, la cuenta cada mes.