Bolivia se prepara para el choque social tras el fin del subsidio al diésel
Tras la aprobación del préstamo del FMI, el cambio impacta a transportistas, productores y familias; oposición y gremios advierten movilizaciones.
La aprobación del préstamo de 1.900 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, confirmada esta semana, vino acompañada de una medida que ha encendido las alarmas: el gobierno de Rodrigo Paz anunció la eliminación del subsidio al diésel, lo que eleva de forma considerable el precio del combustible. Según informó la Presidencia de la República, la decisión forma parte de un paquete de correcciones fiscales exigido por el acuerdo con el FMI.
El economista y exviceministro Armando Ortuño advirtió que el alza en el diésel no es un asunto menor: “Afectará a varios sectores económicos y podría encarecer productos y servicios básicos”, señaló en declaraciones recogidas por este diario. En la práctica, el combustible es la arteria del transporte de carga, de los agricultores y del comercio minorista; encarecerlo es, para muchas familias, subir la cuesta de cada día.
La sensación social es palpable en mercados y estaciones de servicio. Transportistas, pequeños productores y gremiales han expresado temor a que el incremento del costo operativo se traduzca en tarifas más altas y desabastecimiento puntual de alimentos en zonas alejadas. Líderes gremiales consultados por periodistas locales han esbozado la posibilidad de “paros escalonados” si no se anuncian medidas compensatorias claras.
Históricamente, Bolivia no es ajena a protestas por medidas económicas impopulares: la memoria pública recuerda episodios como la llamada guerra del gas en 2003, que mostró cómo ajustes mal comunicados pueden radicalizar a la población. Ese antecedente obliga al gobierno a actuar con cautela y a presentar soluciones completas, no solo recortes.
Desde la izquierda crítica se exige transparencia sobre el monto real del ajuste y la inversión social que compensará a los más vulnerables. Expertos en políticas públicas consultados por este periódico recomiendan transferencias focalizadas, subsidios temporales para pequeños agricultores y un diálogo abierto con sindicatos y organizaciones ciudadanas.
El Fondo Monetario Internacional, por su parte, mantiene que las reformas buscan estabilizar las cuentas públicas y atraer financiamiento, pero el debate central es político y social: cómo repartir el costo entre quienes más tienen y quienes menos. La ciudadanía espera, mientras tanto, señales concretas del Ejecutivo sobre mecanismos de protección y un cronograma de medidas que evite que el aumento del precio del diésel se transforme en una mecha que encienda protestas masivas.
El gobierno asegura que anunciará en los próximos días paquetes de mitigación y mesas de diálogo con sectores afectados. La pregunta que queda en la calle y en las estaciones de servicio es si esas promesas llegarán a tiempo para contener un descontento que, en Bolivia, puede prender rápido.