Artesanos exigen abrir el parador de chichén itzá para salvar miles de empleos
Chichén Itzá, Yucatán. El cierre y las modificaciones en el parador turístico de Chichén Itzá golpean a más de cinco mil personas que dependen directa o indirectamente del comercio, dicen artesanos y comerciantes, que hoy alzan la voz para pedir una reapertura regulada y con reglas claras. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las medidas buscan proteger el patrimonio, pero para quienes viven del turismo la paralización se ha vuelto una herida económica.
“Aquí no solo vendemos souvenirs, mantenemos familias”, dice una vendedora que pidió no ser identificada. Sus palabras resumen el sentir: lo que para la autoridad es conservación, para muchos es falta de ingreso. Comerciantes del parador y de las comunidades cercanas a Tinúm señalan que la ausencia de una fecha de reapertura y la falta de comunicación han generado incertidumbre y pérdidas que van desde la caída de ventas hasta la suspensión de contratos con proveedores locales.
El debate enfrenta dos realidades. Por un lado, la Secretaría de Cultura y el INAH han impulsado normas para proteger las estructuras arqueológicas y el entorno —un objetivo legítimo en un sitio Patrimonio de la Humanidad—; por otro, las decisiones administrativas han llegado sin medidas compensatorias claras para quienes vivían del flujo turístico. La tensión es la de siempre: conservar sin empobrecer a la gente que hace del lugar un ecosistema social y económico.
Comerciantes relatan que la mayor afluencia de visitantes era una tabla de salvación para poblaciones rurales cercanas. Con la caída del turismo, las ventas de artesanías, comidas y servicios se desplomaron. El ayuntamiento de Tinúm, consultado por este diario, reconoce la presión social y asegura que se trabaja en mesas de diálogo con autoridades federales para encontrar salidas. Sin embargo, hasta ahora no hay compromisos públicos que garanticen programas de apoyo inmediato.
Hay alternativas viables que autoridades y comunidad pueden explorar. Expertos citados por el INAH han planteado modelos de gestión que integren certificación de espacios, contratos con cooperativas de artesanos y controles de aforo para proteger las ruinas sin cerrar las vías de ingreso de cientos de familias. Programas temporales de subsidios, capacitación en comercio digital y mercados alternos durante la transición serían medidas concretas para evitar que la conservación signifique exclusión económica.
La falta de transparencia en los tiempos y en los criterios técnicos ha alimentado desconfianza. “Parece que la conservación es sólo para quien no depende del puesto de tortillas o del tejido”, comenta un comerciante local. Esa percepción erosiona la legitimidad de las instituciones y pone en evidencia la necesidad de planes integrales, participativos y con plazos reales.
Si el objetivo es proteger Chichén Itzá para las próximas generaciones, la pregunta es cómo hacerlo sin dejar en el camino a quienes han sostenido cultural y económicamente el sitio. Abrir el parador bajo condiciones que respeten el patrimonio, otorgar apoyos temporales y formalizar la participación de artesanos en la gestión turística pueden ser pasos que conjuguen justicia social y conservación.
La pelota está ahora en la cancha de las autoridades federales y municipales. Artesanos y comerciantes exigen respuestas claras, y la sociedad tiene la oportunidad de pedirlas. Como recuerda el INAH, proteger el pasado no debe ser sinónimo de borrar el presente de quienes lo habitan.