México, un «cheque en blanco» fiscal a la FIFA para el Mundial 2026: ¿a qué costo para los ciudadanos?
México ha entregado un regalo fiscal sin precedentes a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y sus empresas asociadas. Seremos sede del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, pero con una diferencia clave y, para muchos, preocupante: somos el único de los tres países anfitriones que ha otorgado una exención fiscal total y a nivel nacional a la máxima autoridad del fútbol mundial.
La noticia, que ha pasado desapercibida para muchos, es de gran calado. La Ley de Ingresos de la Federación de 2026, en uno de sus artículos transitorios, establece claramente que la FIFA y las empresas que «participen en la organización, desarrollo y realización de actividades vinculadas» con la Copa Mundial, quedarán libres de pagar cualquier tipo de tributo. Esto significa, ni más ni menos, que durante los partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, la enorme maquinaria económica que rodea al Mundial operará en nuestro territorio sin contribuir con un solo peso a las arcas públicas.
¿Qué significa realmente este «cheque en blanco»?
La expresión «cheque en blanco» no es una exageración. Implica que el gobierno mexicano ha cedido su potestad de recaudar impuestos sobre una de las operaciones comerciales más lucrativas del planeta. Estamos hablando de miles de millones de dólares en ingresos por derechos de televisión, patrocinio, venta de entradas, licencias y merchandising. Estos ingresos, generados en parte en nuestro suelo, no estarán sujetos a impuestos sobre la renta, ni al Impuesto al Valor Agregado (IVA), ni a cualquier otro tributo que normalmente aplicaríamos a cualquier otra empresa o evento de tal magnitud.
Esta decisión contrasta drásticamente con la postura de nuestros vecinos del norte. Estados Unidos y Canadá, aunque también son anfitriones, han negociado acuerdos fiscales mucho más restrictivos y localizados. Sus exenciones no son completas y se celebran a nivel nacional, estatal y local, lo que permite a las autoridades subnacionales retener parte de los ingresos fiscales generados por el evento. México, en cambio, ha optado por la vía de la exención total y universal, abarcando todo el territorio y todos los tipos de impuestos federales.
Un patrón global: la exigencia de la FIFA
Esta no es la primera vez que la FIFA exige y obtiene exenciones fiscales totales. Es una práctica común en los contratos de organización de sus grandes torneos. Países como Brasil en 2014, o Sudáfrica en 2010, también otorgaron amplias concesiones fiscales, lo que generó un considerable debate público y protestas, dado que el dinero no recaudado podría haberse destinado a servicios públicos esenciales como salud, educación o infraestructura. La FIFA argumenta que estas exenciones son necesarias para hacer viable el evento y atraer a los patrocinadores, pero los críticos señalan que es una forma de privatizar las ganancias mientras se socializan los costos.
El impacto en el bolsillo de los mexicanos
La pregunta clave es: ¿quién paga la cuenta? En última instancia, son los ciudadanos mexicanos quienes asumen el costo de esta exención. El dinero que la FIFA y sus empresas no pagarán en impuestos es dinero que el Estado dejará de percibir. Este capital podría haberse invertido en:
- Mejorar nuestros hospitales y escuelas públicas.
- Reforzar la seguridad.
- Desarrollar programas sociales.
- Impulsar proyectos de infraestructura que realmente beneficien a las comunidades.
Mientras tanto, los mexicanos seguirán pagando sus impuestos puntualmente, financiando los servicios públicos que ahora no se verán beneficiados por la actividad económica del Mundial.
Es cierto que la organización de un Mundial trae beneficios como el impulso al turismo, la creación de empleos temporales y la visibilidad internacional. Sin embargo, la balanza entre estos beneficios y las concesiones fiscales es un punto de debate crucial. ¿Son estos beneficios suficientes para justificar una renuncia total a la recaudación fiscal? ¿Podríamos haber negociado una posición más fuerte, como lo hicieron nuestros co-anfitriones?
¿Hay transparencia en los acuerdos?
La decisión de otorgar esta exención total, aunque plasmada en la Ley de Ingresos, requiere una mayor discusión pública. Es fundamental que las autoridades expliquen detalladamente los acuerdos alcanzados con la FIFA, los beneficios esperados que justifiquen esta renuncia fiscal y, sobre todo, cómo se compensará esta pérdida de ingresos para el erario público. La ciudadanía tiene derecho a saber por qué se tomó esta decisión y cuáles serán sus implicaciones a largo plazo.
En un momento en que el país enfrenta importantes desafíos económicos y sociales, ceder la potestad fiscal sobre un evento de esta magnitud plantea serias dudas sobre la prioridad de nuestros recursos. El fútbol es pasión, pero también es un negocio multimillonario. Y en ese negocio, México parece haber aceptado las reglas del juego sin cuestionar a quién beneficia más, dejando en el aire la pregunta de si realmente estamos recibiendo un gol a favor de todos los mexicanos.