Denuncia de choque: diputada acusa a Alessandra Rojo de la Vega de violencia contra comerciantes
La diputada morenista Diana Sánchez Barrios aseguró que personal de la alcaldía Cuauhtémoc intentó retirar a vendedores “de manera sumamente violenta”, y apuntó directamente a Alessandra Rojo de la Vega como responsable político de los operativos.
La acusación prende alertas sobre un conflicto que no es nuevo en el centro de la capital: enfrentamientos entre autoridades locales y comerciantes informales que, según versiones de los afectados, han escalado en intensidad. Sánchez Barrios sostiene que los operativos incluyeron uso desmedido de la fuerza, agresiones físicas y retiro abrupto de mercancía, acciones que —dice— dejaron a familias sin su sustento y con temor a volver a instalarse.
Lo que dijo la diputada
- “Fue personal de la alcaldía Cuauhtémoc el que intentó retirar a los comerciantes de manera sumamente violenta”, señaló Sánchez Barrios, que exigió una explicación pública y medidas para proteger a los vendedores.
- La diputada pidió investigar los hechos y sancionar a quien resulte responsable, además de garantizar espacios dignos y diálogo para quienes dependen del comercio informal.
Reacciones y contexto
- Comerciantes consultados por este medio relatan escenas de forcejeos y decomisos que, según ellos, ocurrieron sin previo aviso ni alternativas de reubicación.
- Activistas y líderes vecinales alertan que las acciones bruscas contra vendedores ambulantes no resuelven problemas estructurales: desempleo, falta de espacios comerciales y ausencia de políticas públicas que integren a quienes viven del comercio informal.
- La alcaldía Cuauhtémoc, representada en la acusación por Alessandra Rojo de la Vega, no había emitido una respuesta oficial al cierre de esta edición. Fuentes de gobierno podrían aclarar si los operativos obedecieron a orden judicial, a programas de recuperación de espacios públicos o a otras directrices administrativas.
Impacto social
Cuando el comercio callejero se enfrenta a la fuerza, las consecuencias se sienten en la vida diaria: niños que dejan de estudiar para ayudar en el puesto, familias que pierden su ingreso del día a día y clientes que ven desaparecer servicios de cercanía. La escena se repite como una cadena donde la política pública falla en dar alternativas y el choque se convierte en despliegue y quebranto económico.
Demandas y pasos siguientes
- Sánchez Barrios exige una investigación clara y la presentación de protocolos de actuación para evitar el uso excesivo de la fuerza.
- Comerciantes piden mesas de diálogo y soluciones que incluyan reubicación, regularización y apoyo social.
- Organizaciones civiles reclaman la intervención de instancias de derechos humanos para garantizar que se respeten las garantías fundamentales de las personas afectadas.
| Actor | Reclamo |
|---|---|
| Diana Sánchez Barrios | Investigar y sancionar la violencia atribuida al personal de alcaldía |
| Comerciantes | Medidas que protejan su fuente de ingresos y mesas de diálogo |
| Alcaldía Cuauhtémoc / Alessandra Rojo de la Vega | Respuesta pendiente sobre los operativos |
En conclusión
La acusación de la diputada pone en evidencia un choque entre necesidades sociales y actuaciones administrativas. Si hay exceso de fuerza, la ley y la rendición de cuentas deben actuar; si hay problemas estructurales, la solución pasa por políticas públicas que integren a los comerciantes y defiendan tanto el orden como el derecho al trabajo. La pelota está en la cancha de las autoridades: transparencia, investigación y diálogo son urgentes para apagar el conflicto antes de que deje daños irreversibles.
