Alarma empresarial: 25% de empresas mexicanas reportó extorsión, robo y asalto
Una de cada cuatro empresas fue víctima de algún delito el año pasado, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El dato es simple y duro: el 25 por ciento de las empresas del país declaró haber sufrido al menos un delito en los últimos 12 meses, entre los que destacan la extorsión, el robo hormiga y los asaltos. La cifra, registrada por Inegi, no solo describe episodios aislados; revela el efecto corrosivo del crimen en la economía cotidiana: pérdidas directas, aumento de costos de seguridad, y una presión adicional sobre empleos y cadenas de suministro ya frágiles.
Detrás de ese número están miles de pequeños comercios que enfrentan el robo hormiga que reduce márgenes, transportistas expuestos a asaltos en carreteras, y empresas —sobre todo micro y pequeñas— que reciben llamadas de extorsión. Muchas optan por no denunciar: según la misma encuesta de Inegi, la desconfianza en las autoridades y la percepción de impunidad siguen siendo barreras para reportar los delitos, lo que alimenta un círculo vicioso.
Las consecuencias no son solo económicas. Para trabajadores y vecinas, la inseguridad significa jornadas interrumpidas, horarios recortados y menos oportunidades. Para quienes invierten, implica replantear proyectos o trasladarlos a zonas más seguras, en una dinámica que puede acentuar la desigualdad regional. La extorsión, además, funciona como impuesto informal que devasta a comercios que ya luchan por sobrevivir.
Las respuestas públicas han variado: desde despliegues de la Guardia Nacional hasta programas de apoyo a empresas, pero los resultados no son los esperados para buena parte del sector productivo. Inegi ofrece una radiografía valiosa, pero los números piden políticas que vayan más allá del espectáculo policial: prevención comunitaria, mecanismos reales de denuncia con protección, atención especializada a microempresas y mejoras en la eficiencia del sistema de justicia.
Los expertos en seguridad y organizaciones de comercio insisten en medidas concretas. Primero, fortalecer la denuncia y dar seguimiento efectivo a las investigaciones para romper la percepción de impunidad. Segundo, apoyar a los pequeños negocios con subsidios para seguridad preventiva y asesoría en prácticas de prevención. Tercero, coordinar mejores políticas entre gobiernos estatal y federal para proteger rutas logísticas y zonas comerciales clave.
Si bien el combate al delito exige recursos, también requiere diseñar políticas que reduzcan la vulnerabilidad. Iniciativas como programas de iluminación urbana, cámaras con vigilancia comunitaria y capacitación en gestión de riesgos pueden ser menos ostentosas que un operativo militar pero más eficaces en la vida diaria de la gente.
La encuesta de Inegi no es solo un número alarmante: es una llamada a reenfocar prioridades. La seguridad económica y física de las empresas —especialmente de las más pequeñas— debe entrar en el centro de la agenda pública si se quiere proteger empleos, incentivar la inversión y reconstruir la confianza ciudadana.