Cierre de Ueno tumba a Peña y deja a casi tres millones sin certezas
La intervención y posterior cierre del banco digital Ueno desató una crisis que terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña, según reportes de ABC Color y Última Hora. La medida, anunciada esta semana por la Superintendencia de Bancos, afecta a casi tres millones de clientes que temen no recuperar sus ahorros y ha puesto en evidencia fallos graves en la supervisión financiera y en la respuesta del Ejecutivo.
“Llevé todo lo que tenía para pagar la obra de mi casa y hoy no sé si podré recuperarlo”, dijo a este diario una comerciante de Asunción, citada por ABC Color. Historias como esa se repiten en filas frente a agencias, en grupos de mensajería y en las redes: adultos mayores sin acceso a sus pensiones, pequeñas empresas con cobros bloqueados y familias que ven congelados pagos esenciales.
La versión oficial, recogida por Última Hora, habla de irregularidades contables y operaciones no autorizadas que motivaron la intervención. Pero para expertos consultados por este medio, la responsabilidad excede al propio banco: existe una brecha clara en la fiscalización y en los mecanismos de protección a los depositantes. La ausencia de un seguro de depósitos fuerte y procedimientos rápidos de reembolso convierte una crisis financiera en una emergencia social.
La caída de Peña, que presentó su renuncia en medio de la conmoción, expone además el costo político de la gestión económica. Su gobierno defendía una agenda proinversión y digitalización bancaria; lo sucedido con Ueno revela que la modernidad sin controles no garantiza ni estabilidad ni equidad. Organizaciones ciudadanas y partidos de oposición, citados por ABC Color, exigen ahora auditorías independientes y sanciones penales para los responsables.
En el corto plazo, según Última Hora, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda han activado medidas de emergencia para intentar garantizar pagos esenciales y evitar la contagión al sistema. Sin embargo, para muchos usuarios esas acciones llegan tarde. La sensación de abandono es palpable: la política pública falló en proteger lo más básico, el ahorro de la gente.
Más allá del revuelo político, el caso Ueno debe abrir un debate serio sobre regulación, transparencia y justicia social. Es imprescindible fortalecer la Superintendencia, crear un fondo de garantía robusto y establecer protocolos rápidos de reembolso para evitar que otra crisis golpee a los sectores más vulnerables. También es urgente ampliar la educación financiera y garantizar canales accesibles para reclamos ciudadanos.
La renuncia de Peña marca un punto de inflexión. La constitución prevé que la sucesión sea asumida por el vicepresidente y que el Congreso actúe si hiciera falta. Pero la transición política no reemplaza la necesidad inmediata de proteger a las personas afectadas. Este diario seguirá de cerca la evolución del caso y la respuesta institucional, manteniendo la lupa en la rendición de cuentas y en las soluciones que devuelvan tranquilidad a millones de paraguayos, tal como han pedido asociaciones de usuarios y fuentes locales.