Asf amplía investigación y apunta a contratos históricos del Ine y de los Oples
La Auditoría Superior de la Federación amplió su foco sobre presuntas irregularidades en contrataciones del sistema electoral: no solo revisa facturas recientes del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que excava contratos heredados del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) y de los organismos públicos locales electorales (OPLEs). El objetivo, según la propia ASF, es detectar prácticas ilegales que habrían persistido a lo largo de diferentes administraciones.
El informe preliminar de la ASF, consultado por este diario, habla de contratos adjudicados sin competencia suficiente, modificaciones unilaterales de alcance y servicios pagados sin evidencia clara de ejecución. Esos vicios administrativos no son solo tecnicismos: implican recursos públicos que podrían haberse destinado a educación, salud o seguridad en los estados, y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones que organizan las elecciones.
Quienes vivieron el tránsito del IFE al INE recuerdan que muchas estructuras y proveedores se mantuvieron. La Auditoría revisa ahora ese rastro para ver si se trató de una continuidad administrativa normal o de una «puerta giratoria» de contratos favorecidos a las mismas empresas. La ASF advierte que existen “riesgos de ilegalidad” cuando los expedientes no justifican la contratación ni muestran criterios claros de selección.
Desde el INE, fuentes institucionales dijeron a este periódico que la dependencia coopera con la auditoría y que reforzará controles internos. Por su parte, algunos OPLEs han señalado que adoptaron prácticas del IFE por cuestiones de operatividad y presupuesto, pero que están abiertos a corregir procesos. Estas respuestas, aunque pertinentes, no sustituyen la exigencia de transparencia que reclama la ciudadanía.
La investigación de la ASF puede derivar en recomendaciones, sanciones administrativas y, en casos graves, denuncias ante la Fiscalía General de la República. Para que la rendición de cuentas no quede en papeles, será clave que las sanciones incluyan la recuperación de recursos y la inhabilitación de servidores públicos que hayan permitido o participado en irregularidades.
Esta indagatoria toca un punto sensible: el costo real de la democracia. Si los contratos electorales se manejan como una caja opaca, el resultado no es solo un mal uso de dinero, sino una erosión de la confianza pública. La ciudadanía debe exigir claridad sobre quién contrató, qué se pagó y qué se recibió a cambio. La Auditoría, el INE y los OPLEs tienen la oportunidad de cerrar heridas institucionales, pero para eso necesitan actuar con rapidez y transparencia.
La ASF, al ampliar su revisión, arroja una luz necesaria sobre contratos históricos. Ahora faltan resultados concretos y medidas que traduzcan la auditoría en cambios reales: mejores controles, licitaciones limpias y sanciones efectivas. Solo así se podrá recuperar, paso a paso, la confianza en el andamiaje que sostiene los comicios y la vida pública del país.