El feminicidio es uno de los crímenes más atroces y persistentes en México. La reciente felicitación de personas expertas de la ONU hacia nuestro país por la iniciativa de Ley General contra el feminicidio marca un parteaguas en la lucha por la justicia y la igualdad de género. (Gob MX, Ángulo 7, López-Dóriga Digital, MILENIO)
Considero que este reconocimiento internacional no es un logro menor. México ha sido, durante años, epicentro de movilizaciones feministas que reclaman no sólo leyes, sino garantías reales para la vida y dignidad de las mujeres. La iniciativa de Ley General contra el feminicidio, respaldada ahora por la ONU y ampliamente difundida en medios nacionales (Gob MX, MILENIO), responde a una exigencia social largamente postergada.
Un reconocimiento que implica responsabilidad
Si bien la felicitación de parte de expertas y expertos de la ONU señala avances, también coloca bajo la lupa nuestras deudas pendientes. En palabras de mi opinión, el aplauso internacional debe verse como un llamado a la congruencia y a la acción: las leyes deben traducirse con urgencia en seguridad y acceso efectivo a la justicia. No basta con la letra; es indispensable que las instituciones cumplan y protejan.
Inclusión y justicia: el reto pendiente
Los titulares también dan cuenta de una exigencia puntual: la protección de mujeres trans y trabajadoras sexuales en la ley. La ONU, a través de sus vocerías y expertas, pide reforzar las garantías de protección para estos grupos históricamente vulnerados (El Comentario, Infobae, Yahoo). Este punto es, en mi opinión, fundamental: la justicia debe ser incluyente o no será justicia. No podemos permitir que la discriminación o la omisión se disfracen de avance legal. Las vidas de mujeres trans y de trabajadoras sexuales importan tanto como las de cualquier otra; su protección debe quedar explícita, sin ambigüedades ni exclusiones.
En este momento histórico, la sociedad mexicana debe demandar que la ley no sólo castigue el feminicidio, sino que prevenga y erradique todo tipo de violencia de género. El reclamo de la ONU es claro y es nuestra responsabilidad escucharlo y actuar en consecuencia.
Justicia: más allá de la ley
El clamor social por justicia no solo se expresa en la legislación. Los recientes casos como el de Zayle, la niña de dos años por la que habitantes de Nicolás Romero exigen justicia (La Jornada Estado de México), y las familias que después de más de 18 meses siguen esperando respuestas en casos de muertes violentas (EL PAÍS), muestran una verdad dolorosa: la justicia no se agota en los códigos, sino en su realización cotidiana.
Como columnista y como mujer, sé que cada avance legal es motivo de reconocimiento, pero también de exigencia. La historia reciente está plagada de leyes que no lograron cambiar realidades porque no hubo voluntad política o recursos para implementarlas. Esta iniciativa debe ser diferente. Debe proteger a todas y todos, y ser un parteaguas en la garantía de los derechos humanos.
Un nuevo liderazgo, una nueva oportunidad
La llegada de Oscar Solera como nuevo representante de la ONU-DH en México (El Universal, Once Noticias Digital, Infobae) coincide con este momento crucial. Su papel, como el de toda la comunidad internacional, debe ser el de acompañar y vigilar el cumplimiento cabal de los compromisos del Estado mexicano. Su presencia es alentadora, pero la tarea es, ante todo, nuestra.
La lucha contra el feminicidio debe ser permanente, incluyente y efectiva. La felicitación de la ONU nos llena de esperanza, pero más aún de responsabilidad. No hay tiempo para retrocesos ni para medias tintas. La justicia será real cuando ninguna vida sea desechable y ninguna demanda de justicia quede en el olvido. La exigencia es y seguirá siendo: que la ley se cumpla para todas.
Columna generada con IA. Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de su autor/a y no reflejan necesariamente la postura editorial de Día 32.