Onu intensifica presión a México por desapariciones; gobierno promete tolerancia cero
La ONU volvió a poner a México en el foco por la crisis de desapariciones, mientras el gobierno federal insiste en que la búsqueda es una prioridad nacional. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la presión se centra en acelerar investigaciones, combatir la impunidad y fortalecer la atención a las familias que buscan respuestas.
En conferencia, el subsecretario Arturo Medina reiteró que *»atender la desaparición de personas es una prioridad nacional»*, y aseguró que la administración mantiene una política de tolerancia cero. La promesa choca, sin embargo, con cifras y testimonios que muestran un paisaje más áspero: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta ya más de 100,000 casos acumulados, y en muchas regiones las búsquedas ciudadanas siguen siendo la principal forma de localizar cuerpos y pistas.
La denuncia de la ONU no es una llamada simbólica. Sus informes documentan retrasos en las indagatorias, vacíos de coordinación entre autoridades federales y estatales, y limitaciones técnicas en forense que acumulan pendientes como piedras en un río que no deja fluir la justicia. Familias agrupadas en colectivos —como las llamadas Madres buscadoras— relatan cómo, pese a operativos anunciados, la respuesta institucional a menudo llega tarde o es incompleta.
El gobierno ha desplegado unidades especiales y programas de apoyo, y la Fiscalía General de la República informa investigaciones abiertas. Aun así, expertos y organizaciones civiles consultadas por este diario señalan que aumentar personal no basta: hacen falta cadenas de custodia claras, presupuestos estables para laboratorios, y comisiones independientes que auditen resultados. En pocas palabras, transparencia y capacidad técnica para que las promesas no se queden en titulares.
Para las familias, la ausencia de una persona es una cuenta que no cierra: trabajos perdidos, niños que crecen sin respuestas, y el gasto emocional y económico de buscar en tierras baldías. La metáfora es directa: las autoridades pueden prometer barrer la casa, pero sin herramientas ni luz, seguirán barriendo sombras. La ONU, la Secretaría de Gobernación y organizaciones civiles insisten en medidas concretas: acelerar pruebas de ADN, ampliar equipos de búsqueda y proteger a denunciantes y colectivos.
La tensión entre la promesa oficial y la urgencia social plantea una pregunta sencilla y potente: ¿habrá recursos y voluntad para convertir la tolerancia cero en resultados tangibles? La respuesta marcará la diferencia entre una política que suena bien en discursos y una que devuelva a las familias lo más elemental: certezas y memoria.
Fuentes: ONU (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, declaraciones del subsecretario Arturo Medina y testimonios de colectivos de familiares.