Congreso aprueba unificar catastros entre dudas por posible intervención estatal
Tras un maratón legislativo de 16 horas que concluyó a las 3:00 de la madrugada, el Congreso aprobó ayer la ley que unifica los catastros nacionales y locales. La medida promete simplificar trámites y mejorar la recaudación, pero la oposición advierte riesgos concretos de robo de identidad y de intervención política sobre la propiedad privada.
La votación, que según fuentes del Congreso y reportes de El País se extendió desde la mañana del martes hasta la madrugada del miércoles, dividió a los legisladores. Los diputados oficialistas defendieron la iniciativa como una herramienta para modernizar la gestión del suelo, reducir la evasión fiscal y facilitar la planificación urbana. «Un catastro único es como ordenar la casa: se conoce lo que hay y se puede decidir mejor», señaló un dirigente del bloque oficialista, según la transcripción de la sesión.
Pero la crítica no se quedó en lo simbólico. Diputados de la oposición alertaron, con datos técnicos y ejemplos concretos, sobre dos riesgos que consideran centrales. El primero, posibilidad de robo de identidad: centralizar información sobre titulares, escrituras y coordenadas geográficas en una base accesible puede facilitar la suplantación si las medidas de ciberseguridad o los protocolos de acceso no son robustos. El segundo, fraude legislativo o uso político: existe el temor de que la nueva arquitectura permita alteraciones administrativas o normativas dirigidas a facilitar intervenciones sobre propiedades, especialmente en contextos de conflicto entre el Estado y comunidades locales.
Organizaciones sociales y colegios profesionales consultados por este diario coincidieron en que la digitalización y la unificación pueden tener efectos positivos. Entre ellos mencionan trámites más rápidos para herencias, menor duplicidad de impuestos y datos más confiables para políticas de vivienda. Sin embargo, pidieron salvaguardas: encriptación de datos, auditorías independientes y un acceso transparente para propietarios y municipios. Esas recomendaciones fueron recogidas en parte por la bancada opositora durante el debate, según la agenda legislativa y los comentarios publicados por la Agencia EFE.
El contraste quedó en la forma: la aprobación en plena madrugada generó reproches por la falta de tiempo para análisis y consultas públicas. «Las decisiones que afectan la tierra y los papeles de la gente no deberían tomarse a las tres de la mañana», dijo una diputada opositora en la sesión, citada por el acta. Para los críticos, el apuro legislativo aumentó la sensación de que la centralización se aprobó sin garantizar los controles que evitan abusos.
Desde el Poder Ejecutivo, el ministro responsable defendió el proyecto en términos técnicos y económicos, asegurando que la inversión en infraestructura informática y en capacitación municipal acompañará la implementación. No obstante, expertos en privacidad consultados por este periódico señalan que la inversión debe incluir pruebas de penetración, protocolos de respuesta ante fugas de datos y cláusulas claras sobre quién y cómo puede requerir cambios en los registros.
En la calle, propietarios y pequeños comerciantes reaccionan con mezcla de esperanza y recelo. Para una señora que administra un lote familiar, un catastro único podría simplificar trámites de venta o acceso a créditos. Para un joven profesional, la preocupación es otra: «Si alguien accede a mis datos y falsifica un documento, ¿quién responde?», plantea.
El texto aprobado obliga ahora a la elaboración de reglamentos y a la creación de comités técnicos, etapas en las que la sociedad civil y las administraciones locales reclaman mayor participación. Según El País y fuentes del Congreso, las próximas semanas serán claves para ver si los mecanismos de control anunciados se traducen en garantías reales o si la centralización abre grietas por donde podrían colarse fraudes y decisiones discrecionales.
La ley abre una ventana de oportunidad para modernizar la gestión del territorio, pero también deja a la vista la necesidad de construir confianza. Como en cualquier reforma de fondo, el diablo está en los detalles: sin transparencia, sin auditorías independientes y sin una cultura fuerte de protección de datos, la promesa de ordenar la casa puede terminar dejando las puertas abiertas.