Pugna por plazas: jara, ieepo y sección 22 reavivan la disputa educativa en Oaxaca
Choque por el poder dentro del IEEPO vuelve a tensar escuelas y comunidades; la Sección 22 reclama espacios perdidos desde la reestructuración de 2015 y la creación de la DGEPOO en 2019.
Oaxaca. La pelea por quién manda en la educación pública estatal volvió a encender alarmas esta semana. En el centro del conflicto está Jara, figura clave señalada por sectores magisteriales y por el propio Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) como actor en las decisiones sobre plazas, nombramientos y la operación administrativa. La respuesta más contundente ha venido de la Sección 22, que desde 2015 perdió gran parte de los espacios de decisión pero en 2019 creó la denominada DGEPOO para recuperar influencia.
El choque no es solo de nombres y cargos. Tiene consecuencias concretas: incertidumbre en la asignación de plazas, retrasos administrativos que afectan pagos y estímulos, y un desgaste administrativo que se traslada a las escuelas. Según reportes de La Jornada y de la agencia Quadratín, hubo confrontaciones verbales y movilizaciones en oficinas regionales del IEEPO, además de mesas de negociación que no han logrado bajar la tensión.
La reestructuración de 2015 buscó profesionalizar la gestión educativa y reducir la gestión sindical directa de plazas. Sin embargo, para la Sección 22 esa reforma implicó pérdida de control sobre personal y operación, y generó redes paralelas como la DGEPOO que buscan mantener la interlocución con las base magisterial. Este diseño institucional, que se promocionó como modernizador, hoy muestra fisuras: ni el IEEPO recuperó legitimidad plena, ni la Sección 22 renunció a su influencia en comunidades donde es actor social clave.
En términos prácticos, las familias y alumnos son quienes pagan la factura. Maestras y maestros en plazas interinas denuncian incertidumbre en su salario y en la renovación de contratos. Padres y madres, entrevistados por medios locales como La Jornada, expresan cansancio: “Los niños no pueden ser rehén de una pelea de oficinas”, dijo una madre de la Mixteca.
Desde una perspectiva crítica, la situación expone dos fallos institucionales. Primero, un diseño administrativo que no previó mecanismos claros y transparentes para la asignación de plazas con participación ciudadana efectiva. Segundo, la tendencia de algunas prácticas a personalizar decisiones, lo que favorece controversias en lugar de procesos técnicos y públicos. La sección 22, por su parte, acierta al señalar la necesidad de participación de las bases, pero falla si sus respuestas amplifican la opacidad en lugar de reducirla.
Gobierno estatal, IEEPO y dirigencia sindical están obligados a retomar mesas de diálogo público y con participación de observadores independientes, proponen analistas consultados por medios locales. La ciudadanía demanda claridad: procesos transparentes, condiciones laborales estables para el magisterio y, sobre todo, que las disputas políticas no interrumpan el derecho a la educación de niñas y niños.
El conflicto en Oaxaca es una radiografía de un problema nacional: la reforma administrativa sin construcción de confianza social produce vacíos que actores organizados intentan llenar. Como registró La Jornada, la presión de la Sección 22 y las maniobras internas del IEEPO derivan en un círculo que solo se rompe con acuerdos públicos, auditorías y sanciones claras cuando correspondan.
Si el objetivo es mejorar la escuela pública, las partes deberán priorizar mesas públicas con información abierta sobre plazas y finanzas, así como compromisos verificables que protejan a la comunidad educativa. De lo contrario, la tensión entre Jara, el IEEPO y la Sección 22 seguirá golpeando a quienes menos deben pagar: las niñas y los niños oaxaqueños.
Fuentes consultadas: La Jornada, Quadratín Oaxaca y comunicados oficiales del IEEPO.