Alerta por desapariciones: gobierno promete acción urgente y familias mantienen la desconfianza
El reciente aumento de denuncias por personas desaparecidas volvió a encender las alarmas ciudadanas y obligó al Gobierno a emitir un compromiso público: «condenamos todo acto de violencia contra personas buscadoras e integrantes de colectivos de búsqueda», afirmó un vocero oficial en una conferencia. La promesa de acción urgente choca, sin embargo, con la incertidumbre y el recelo de las familias que desde años buscan respuestas.
Según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el problema mantiene cifras elevadas que no se resuelven solo con declaraciones. Para las personas que esperan noticias de un familiar, las palabras del Estado suenan a menudo como un parche sobre una herida abierta: buscan resultados concretos, no promesas.
Una mujer que pidió anonimato y busca a su hijo desde hace más de cinco años resumió el sentir común: «Nos dicen que habrá coordinación, recursos, protocolos. Pero seguimos encontrando barreras: lentitud en las investigaciones, falta de peritajes oportunos y amenazas a quienes excavan en las fosas». Testimonios como este coinciden con observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ha señalado fallas en la protección a colectivos y déficits en los procesos forenses.
Los colectivos de búsqueda llevan años funcionando como una red de rescate donde el Estado no llegó a tiempo: financian exhumaciones, etiquetan restos, presionan a fiscalías estatales y, en muchos casos, arriesgan su seguridad. La CNB, por su parte, insiste en la necesidad de más recursos técnicos y una base de datos homologada. Sin esas herramientas, cada búsqueda queda a merced de la burocracia regional, como si cada pieza fuera un rompecabezas sin la caja con la imagen final.
Desde una mirada crítica pero constructiva, la respuesta gubernamental debería traducirse en medidas verificables: incremento presupuestal a laboratorios forenses, protección efectiva para buscadoras y colectivos, protocolos claros y sanciones cuando las fiscalías fallen. También es imprescindible la transparencia: que las familias accedan a expedientes, fechas y resultados sin intermediarios.
Para la sociedad, esto no es solo un asunto de seguridad: toca la dignidad, la memoria y la justicia. Organizaciones civiles y la prensa deberán vigilar que lo anunciado por la Secretaría de Gobernación y otros organismos no quede en palabras. La presión ciudadana, la solidaridad de las comunidades y la exigencia constante son ahora la garantía más tangible de que las promesas se conviertan en hechos.
Fuentes: Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).