Tren maya pierde ocho veces lo que recauda; presupuesto 2027 le asigna 18 mil 180 millones
Los números oficiales y las auditorías elevan la alerta sobre el costo real del proyecto y su impacto en servicios públicos
El proyecto del Tren maya entra en 2027 con una radiografía que obliga a preguntarse qué tan sostenible es. Según el proyecto de presupuesto 2027 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se contemplan alrededor de 18 mil 180 millones de pesos para el tren durante el próximo ejercicio fiscal. Esa cifra llega justo cuando documentos públicos y reportes financieros de FONATUR, además de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), muestran que las pérdidas operativas del proyecto superan por casi ocho veces sus ingresos.
En términos simples: por cada peso que ingresa por venta de boletos, servicios y concesiones, el Tren maya estaría perdiendo cerca de ocho. Es una relación que no sólo preocupa a economistas sino a comunidades que esperaban ver recursos canalizados a salud, educación y vivienda. La Secretaría de Hacienda reconoce la necesidad de transferencias para sostener operaciones, mientras que la ASF ha señalado irregularidades y deficiencias en la contabilidad y evaluación de impacto ambiental y social.
La metáfora que más pega es la de una ferretería que recibe clientes pero no logra pagar la renta: el tren mueve gente y genera actividad turística, pero su estructura de costos —obra, mantenimiento, subsidios, amortización de deuda— lleva a un agujero que se cubre con presupuesto público. Para una ciudad, sería como mantener un estadio emblemático que nadie puede pagar; para el país, son recursos que dejan de estar disponibles para hospitales o escuelas.
No todo es negativo: las promesas de desarrollo regional, empleos y mayor conectividad persisten. FONATUR y la Secretaría de Hacienda defienden el proyecto como inversión estratégica para el sureste del país, con beneficios en turismo y cadenas productivas. Sin embargo, ese argumento pierde fuerza si las cuentas no cierran y si los costos sociales y ambientales no se atienden con transparencia.
¿Qué preguntas quedan sobre la mesa? Primero, por qué las proyecciones de demanda y tarifa no reflejan una recuperación cercana a cubrir costos. Segundo, cómo se fiscalizan recursos y contratos: la ASF ya ha pedido mayor claridad. Y tercero, cuál es el costo de oportunidad de destinar cada peso adicional al Tren maya en lugar de otras políticas públicas prioritarias, algo que la SHCP y la sociedad deben discutir.
Desde la perspectiva de la ciudadanía, el llamado es claro: exigir auditorías independientes, mecanismos de rendición de cuentas y una evaluación pública del impacto real en comunidades locales. Si el Tren maya quiere mantenerse como bandera de desarrollo, necesita demostrar que no sólo genera movimiento turístico, sino que también administra bien los recursos públicos.
Este diario consultó el proyecto de presupuesto 2027 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los reportes financieros de FONATUR y las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación para elaborar este reportaje. La decisión sobre si seguir inyectando decenas de miles de millones al Tren maya no es sólo técnica: es una elección política que afecta el bienestar y los servicios de millones de mexicanas y mexicanos.