Multas millonarias: forzar a una mascota a tener crías puede costar más de 900 mil pesos
Esto es lo que debes saber sobre la multa por obligar a sus mascotas a tener crías y regalarlos
Obligar a un animal a reproducirse contra su voluntad dejó de ser una falta menor y, en varios municipios y entidades del país, puede traducirse en sanciones económicas severas. Según reportes de Reforma y El Universal, hay ordenanzas locales y reformas legales que contemplan multas que superan los 900 mil pesos cuando se configura maltrato agravado, tráfico o comercialización irregular de animales producto de esas prácticas.
La norma busca frenar el “criadero de traspatio”: esa fábrica doméstica de cachorros y gatitos que, más allá de la apariencia de cariño, suele generar condiciones de hacinamiento, heridas por apareamiento forzado, falta de control sanitario y, en última instancia, abandono masivo. Es una política con dos caras: por un lado sanciona conductas que dañan a los animales y que generan riesgos para la salud pública; por el otro, si la aplicación es errática, puede estigmatizar a familias con recursos limitados que intentan dar una buena vida a sus mascotas.
¿Qué acciones pueden ameritar una multa de este tipo? Los instrumentos legales que citan los medios incluyen conductas como someter a una hembra a apareamientos múltiples sin descanso, vender o regalar crías sin los controles sanitarios adecuados, comercializar animales en la vía pública y mantener criaderos clandestinos. Cuando además hay evidencia de tráfico o comercio organizado, las sanciones aumentan y se incorporan sanciones administrativas y hasta penales.
Las organizaciones protectoras locales reciben casos cotidianos: camadas enteras abandonadas en parques, cachorros enfermos sin atención veterinaria y animales utilizados como mercancía. “La multa no es solo un golpe al bolsillo del infractor; debe ser una palanca para que las autoridades y la sociedad exijan esterilización, registro y responsabilidad”, afirma, en declaraciones recogidas por El Universal, una representante de un albergue que pide reforzar campañas de esterilización a bajo costo.
Impacto para las familias. Para muchas personas, la reproducción de su mascota es un acto sentimental o económico. Pero cuando se transforma en negocio improvisado, las consecuencias son múltiples: sobrepoblación que incrementa el número de animales en refugios, más riesgo de enfermedades zoonóticas y mayor gasto público en control y rescate. Las multas elevadas buscan desincentivar la actividad ilegal y obligar a mirar el problema con seriedad.
Limitaciones y retos. Poner una sanción económica millonaria suena contundente, pero no garantiza resultados por sí sola. Reportes citados por Reforma señalan que la fiscalización es desigual: en municipios con pocos recursos la aplicación de la ley es esporádica y los criaderos clandestinos migran a zonas rurales o a plataformas digitales para la venta. Además, sin políticas públicas complementarias —campañas sostenidas de esterilización, educación comunitaria y centros de adopción dignos— la medida puede quedarse en una multa simbólica para unos pocos y no atacar la raíz del problema.
¿Qué pueden hacer los dueños responsables? La opción más directa y efectiva es la esterilización: reduce riesgos de salud para la mascota, evita camadas no deseadas y es una herramienta para controlar la población en las calles. Denunciar a criaderos clandestinos ante las autoridades municipales y apoyar a refugios locales también ayudan. Las asociaciones protectoras, según El Universal, suelen ofrecer jornadas de esterilización a bajo costo; informarse y participar es una forma de prevención ciudadana.
En la práctica, la sanción económica debería combinarse con programas que faciliten el acceso a servicios veterinarios y promover un cambio cultural: dejar de ver a los animales como mercancía y entender que la tenencia responsable implica gasto, tiempo y compromiso. Así como las multas apuntan a castigar, las políticas públicas deben apuntar a educar y ofrecer alternativas realistas.
Si la ordenanza local es rigurosa y se aplica con criterio, la multa de más de 900 mil pesos funciona como un disuasivo fuerte. Si no se acompaña de atención preventiva y fiscalización constante, corre el riesgo de quedarse en una anécdota noticiosa. En ese cruce está la responsabilidad de autoridades, medios y ciudadanía para que la protección animal deje de ser un titular y pase a ser práctica cotidiana.
Fuente: Reforma, El Universal