Reforma fiscal cierra puertas a deducciones y prevé $6.26 billones en 2027
Por qué importa: El Gobierno propone atar con más candados las deducciones empresariales para aumentar la recaudación. Según el Ministerio de Hacienda, esas medidas llevarían los ingresos tributarios a $6.26 billones en 2027. Es una cifra que suena a solución rápida, pero detrás hay efectos concretos para empresas, trabajadores y los servicios públicos que dependen de esos recursos.
La propuesta, consignada por el Ministerio de Hacienda en el documento marco de la reforma, busca reducir la pérdida de ingresos que atribuyen a “exenciones y deducciones injustificadas”. En palabras sencillas: el Estado intenta tapar grietas por donde hoy se fuga dinero para que llegue más a salud, educación e infraestructura.
El lado positivo es claro: más recursos pueden traducirse en mejores hospitales, escuelas y transferencias sociales. Eso corresponde a una agenda de justicia social que este diario mira con simpatía y exigencia. El problema es cómo se cierran esas grietas. Si los nuevos límites a deducciones afectan de forma indiscriminada a pequeñas y medianas empresas, la política puede asfixiar inversión, reducir empleo formal y empujar actividad hacia la informalidad.
En diálogos con empresarios y contadores, varios consultados por esta redacción advierten que una reducción de deducciones sin mecanismos de transición podría generar tensiones de liquidez, sobre todo en sectores con márgenes estrechos. Para una pyme, una deducción que hoy permite amortiguar una inversión puede ser la diferencia entre crecer o postergar contratación.
Los expertos tributarios citados por el Ministerio sostienen que la medida va acompañada de controles más fuertes contra la elusión y de mayor transparencia en precios de transferencia. Sin embargo, académicos y organizaciones civiles piden mayor detalle: ¿cómo distinguirán las deducciones legítimas de las abusivas? ¿Habrá salvaguardas para inversiones productivas y para quienes están en proceso de formalización?
La reforma promete recaudo —esa cifra de $6.26 billones— pero también abre interrogantes sobre progresividad y diseño. Un impuesto más efectivo no es solo recaudar más, sino hacerlo de manera que no castigue desproporcionadamente a los sectores vulnerables ni deteriore el clima de inversión. En muchos países la experiencia muestra que cerrar beneficios fiscales sin acompañamiento puede aumentar la evasión y la informalidad.
¿Qué debería exigirse en el debate público? Primero, transparencia: que el Ministerio de Hacienda publique los cálculos detallados y los supuestos detrás de la proyección. Segundo, medidas compensatorias: alivios temporales o incentivos a la inversión para pymes que podrían resultar afectadas. Tercero, evaluación de impacto distributivo: cómo impactarán los cambios en empleo, precios y desigualdad.
La reforma está entrando al terreno político: tendrá que pasar por el Congreso, donde la sociedad civil y las organizaciones empresariales pueden presentar propuestas alternativas. Este es un momento para vigilar con lupa el texto y exigir que el aumento de ingresos vaya acompañado de más eficiencia y justicia en el gasto público.
En definitiva, la intención de recaudar $6.26 billones no es en sí buena o mala: depende del cómo y para qué. Si el objetivo es fortalecer derechos y servicios públicos, la ciudadanía tiene que pedir cuentas y participar en el debate. Si se impone sin matices, la factura puede llegar a la inversión, el empleo y, al final, al bolsillo de la gente común.
Fuente: Ministerio de Hacienda.