Ramírez Cuéllar propone reconocer la extorsión como amenaza económica
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, planteó esta semana que la extorsión sea considerada no solo un delito contra la seguridad personal, sino una amenaza económica que exige respuestas públicas integrales. La idea, reportada por El Universal y comentada en el Congreso, busca que el fenómeno reciba recursos y estrategias específicas similares a las que se destinan a otros riesgos sistémicos.
El planteamiento surge en un contexto donde, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y análisis del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la extorsión golpea con especial fuerza a micro y pequeñas empresas, al transporte público y a comercios de barrio. Los efectos no son solo delictivos: erosionan inversiones locales, obligan cierres de negocios y empujan a la informalidad, advierten reportes como los publicados por Reforma.
Clasificar la extorsión como amenaza económica tendría consecuencias prácticas. Podría permitir esquemas de prevención financiera, coordinación entre autoridades federales y estatales para proteger cadenas productivas, y acceso a programas de apoyo para víctimas económicas. También facilitaría la recolección de datos estandarizados para diseñar políticas públicas con base en evidencia.
Sin embargo, la propuesta enfrenta retos institucionales. La Secretaría de Seguridad Pública y fiscalías estatales aún registran altos niveles de subregistro y baja denuncia por temor o desconfianza. Además, expertos consultados en notas de El Universal señalan el riesgo de que una etiqueta meramente punitiva derive en respuestas centralizadas que no atiendan las causas sociales: pobreza, desempleo y falta de oportunidades que alimentan redes de delito.
La propuesta de Ramírez Cuéllar combina entonces urgencia y ambigüedad. Es urgente visibilizar el daño económico; es ambigua la ruta para hacerlo sin militarizar la respuesta o estigmatizar a sectores vulnerables. Lo que sí está claro, según datos del SESNSP y análisis periodísticos, es que sin una estrategia que incluya prevención social, protección a víctimas, fortalecimiento de justicia local y atención económica a negocios afectados, el problema seguirá erosiona ndo el tejido económico local.
El debate en San Lázaro continuará, mientras en las calles comerciantes y chóferes siguen esperando medidas concretas que frenen la sangría económica silenciosa que representa la extorsión.