Exempleadas reactivan denuncia contra Julio Iglesias por supuestas agresiones ocurridas en el extranjero
Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias han presentado una nueva querella por acoso y agresión sexual, según informó la ONG Women’s Link, que asesora a las denunciantes. Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021 en propiedades del artista en las Bahamas y en República Dominicana.
La iniciativa llega después de que la Audiencia Nacional archivara la causa inicial al considerar que los tribunales españoles no eran competentes para investigar presuntos delitos cometidos fuera de España. Ese archivamiento dejó a las afectadas ante el muro de la jurisdicción, una barrera legal que muchas veces impide que las víctimas obtengan respuestas y reparación.
Women’s Link, que ha acompañado a las mujeres desde el inicio del proceso, sostiene que la reapertura de la querella pretende forzar una vía de investigación más amplia y reclamar responsabilidad ante la posible impunidad transfronteriza. La organización ha denunciado en varias ocasiones las dificultades que enfrentan las víctimas cuando las presuntas agresiones se producen en lugares donde las personas denunciantes no residen ni cuentan con apoyos locales.
La decisión de la Audiencia Nacional generó críticas entre colectivos que defienden los derechos de las víctimas, que la interpretaron como un ejemplo de cómo los marcos jurídicos actuales pueden quedar descolgados frente a la movilidad global de agresores y trabajadores. En palabras de activistas consultadas por Women’s Link, el archivo no solo frustró expectativas de justicia, sino que envió una señal de desprotección a quienes trabajan en contextos internacionales.
Hasta el momento no consta una declaración pública de Julio Iglesias sobre la nueva querella. Fuentes jurídicas consultadas recuerdan que, cuando un caso involucra hechos presuntamente cometidos en el extranjero, las opciones pasan por que la investigación se abra en el país donde ocurrieron los hechos o por que existan razones legales excepcionales para que un tribunal extranjero actúe. Eso obliga a las víctimas a navegar sistemas judiciales distintos, con costos y barreras culturales y económicas.
El caso pone en evidencia dos problemas complementarios: por un lado la dificultad práctica de que las víctimas accedan a vías efectivas de investigación cuando los presuntos delitos se producen fuera de su país; por otro, la necesidad de que los Estados cooperen más eficazmente para evitar que la geografía proteja a los sospechosos. Para organizaciones como Women’s Link, la respuesta no puede limitarse a declaraciones de apoyo, sino que requiere reformas procesales y protocolos de asistencia a víctimas transnacionales.
La reapertura de la querella generará inevitablemente debate público sobre la protección jurídica a quienes trabajan para figuras de poder y sobre las herramientas que el sistema judicial español debe desplegar ante casos con componente internacional. Más allá del nombre del imputado, lo que está en juego es la capacidad del Estado y de la sociedad para garantizar que la justicia no se rompa en las fronteras.
Mientras tanto, la causa promete movilizar equipos legales, atención mediática y a organizaciones sociales que han seguido el proceso. Para las denunciantes, que cuentan con el respaldo de Women’s Link, la nueva querella supone una apuesta adicional por que su voz sea escuchada y por que las instituciones encuentren caminos para investigar alegaciones que, según ellas, ocurrieron lejos de España pero con consecuencias personales y profesionales presentes.