Ataque en Culiacán deja herida a madre buscadora y a su nieta
Un nuevo episodio de violencia en Culiacán volvió a golpear a las familias que buscan desaparecidos. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que una mujer reconocida como madre buscadora y su nieta fueron atacadas a balazos en un hecho que la institución investiga como feminicidio en grado de tentativa y que, de entrada, podría estar vinculado con la labor de búsqueda que realiza la víctima.
Según la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el atentado ocurrió en la vía pública y las víctimas recibieron atención médica inmediata; hasta ahora las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer el móvil, localizar a los responsables y determinar si hubo intención directa de perseguir o intimidar por la actividad de búsqueda de la mujer.
Las madres buscadoras son, en muchos casos, el último eslabón de justicia para familias que no obtienen respuesta institucional. Su trabajo —cavar, revisar registros, presionar a fiscalías— las pone en visible riesgo. Que una agresión alcance también a una menor subraya la brutalidad del hecho y la falla del Estado para garantizar seguridad frente a la violencia que se cierne sobre defensoras y familiares.
Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han denunciado con frecuencia la ausencia de protocolos eficaces de protección y la lentitud en las investigaciones. En este caso, fuentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informan que se analiza si el ataque se produjo por represalia o como intimidación, pero aún no hay detenidos ni una línea de tiempo definitiva que explique el suceso.
La violencia contra mujeres que buscan desaparecidos no es un fenómeno aislado: es un síntoma de impunidad y de redes criminales que operan con capacidad de simular impunidad. Cuando el fuego alcanza a quienes exigen respuestas, pierde la sociedad entera: se siembra miedo, se normaliza el silencio y se erosiona la confianza en las instituciones responsables de investigar y proteger.
Frente a este escenario, la exigencia es doble. Por un lado, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa debe acelerar las pesquisas, transparentar avances y garantizar que la posible relación entre la labor de búsqueda y el ataque sea investigada con perspectiva de género. Por otro, las autoridades federales y estatales tienen la obligación de implementar medidas de protección concretas para las buscadoras y sus familias, no solo promesas administrativas.
Es indispensable que el caso permita identificar patrones y responsables, y que no quede como otro expediente más en un cajón. La ciudadanía y los colectivos exigen además políticas públicas que atiendan las raíces del problema: desaparición forzada, tráfico de personas, corrupción e insuficiencia de recursos para la investigación criminal.
La herida física que recibió la madre buscadora y su nieta es visible; la otra, la institucional, es menos evidente pero igual de profunda. Para que no se repitan tragedias similares se necesitan acciones claras: protección efectiva, investigación rigurosa y sanción ejemplar para quienes atacan a quienes buscan la verdad.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa permanece como fuente oficial de la investigación; corresponderá a la sociedad civil vigilar que el caso avance y que la justicia no sea otra promesa incumplida.