Alerta por 40 mil trámites a nombre de personas desaparecidas revela fallas del Estado
La revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas mediante la Plataforma Única de Identidad, creada tras las reformas de julio de 2025, detectó movimientos administrativos que ponen en riesgo derechos y bienes.
Los primeros hallazgos de la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), cotejados con la nueva Plataforma Única de Identidad puesta en marcha tras las reformas legales de julio de 2025, revelan que alrededor de 40 mil expedientes de personas no localizadas registran trámites activos a su nombre. Esos trámites, según la propia revisión a la que tuvo acceso este periódico, incluyen solicitudes de pensiones, inscripciones de propiedades, movimientos bancarios y cambios en actas civiles.
Para las familias, la noticia llega como una doble pérdida. «Mi hermano sigue desaparecido y ahora me entero de que alguien reclama su pensión», dice una familiar consultada que prefirió mantener el anonimato. El sentimiento es compartido por otras familias entrevistadas: más que cifras, se trata de vidas que pueden ser borradas dos veces, por la violencia y por la burocracia que no protege.
Los riesgos son claros. Cuando trámites vitales se gestionan sin controles adecuados, se abren puertas al fraude, a la apropiación de bienes y a la impunidad. La existencia de esos 40 mil registros activos, sostiene la revisión del RNPDNO, evidencia debilidades en la verificación de identidad y en la coordinación entre registros civiles, instituciones bancarias y agencias de seguridad.
Autoridades consultadas al cierre de esta nota señalaron que la Plataforma Única de Identidad busca precisamente ofrecer cruces de información que eviten duplicidades y usos indebidos. Sin embargo, especialistas en políticas públicas y organizaciones de familiares advierten que una plataforma digital no basta si no se acompaña de auditorías independientes, protocolos claros y recursos para proteger a quienes quedaron en situación de vulnerabilidad.
El problema tiene impacto cotidiano: la tramitación fraudulenta puede congelar cuentas necesarias para sobrevivir, impedir el acceso a servicios de salud o complicar el proceso de herencia. Además, reduce la confianza ciudadana en instituciones que deben garantizar derechos básicos. La Comisión Nacional de Búsqueda y organizaciones de la sociedad civil han pedido desde 2025 mayor transparencia en la implementación de la Plataforma, así como mecanismos de participación de los colectivos de familiares en las revisiones y cierres de casos.
Que una reforma legal haya sacado a luz este problema tiene un lado positivo: sin la nueva Plataforma Única de Identidad, esas inconsistencias podrían seguir invisibles. Pero la detección debe ser el inicio de acciones concretas. Entre las medidas que proponen expertos y colectivos figuran auditorías públicas sobre los cruces de datos, sanciones para servidores que faciliten trámites irregulares y la creación de procedimientos expeditos para que familias puedan suspender o impugnar trámites abiertos a nombre de sus desaparecidos.
La encrucijada es institucional y humana. El Estado tiene la obligación de corregir las fallas técnicas y legales que permiten estos trámites, y de atender con urgencia las consecuencias sociales de dichos errores. Las familias exigen respuestas sobre quiénes se beneficiaron de estos movimientos y qué garantía habrá para que no vuelvan a repetirse. Mientras tanto, la Plataforma Única de Identidad y el Registro Nacional deben convertirse en herramientas de protección, no en un agujero donde se diluyan responsabilidades y derechos.