Sheinbaum propone vetar celulares en escuelas: volver al lápiz y papel?
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que es necesario restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas para priorizar el aprendizaje con lápiz y papel y fortalecer la convivencia social. La propuesta, anunciada por la Presidencia, abre un debate sobre si la medida es un regreso a lo básico o una solución a medias frente a problemas estructurales del sistema educativo.
La idea no nace del vacío. Investigaciones internacionales, como el estudio de Beland y Murphy (2015) en el Reino Unido, han mostrado que prohibir el uso de móviles en las aulas puede mejorar el rendimiento académico al reducir distracciones. Organizaciones como UNICEF también llaman la atención sobre los riesgos del exceso de pantallas en niños y adolescentes, especialmente en su salud mental y sueño.
Desde una mirada crítica de centro-izquierda, la propuesta tiene méritos claros: menos interrupciones en clase, menos exposición a bullying digital durante el horario escolar y más oportunidades para practicar la escritura a mano y la interacción presencial. Para muchas maestras y maestros, la desaparición momentánea del celular puede ser como apagar una radio que nunca deja de sonar: recupera tiempos de concentración y diálogo en el aula.
Sin embargo, las políticas públicas no son recetas mágicas y los riesgos son reales. La efectividad de cualquier veto depende de cómo se implemente. En México existen brechas profundas: aulas sin recursos, falta de capacitación docente y diferencias entre zonas urbanas y rurales. Si la SEP impulsa una prohibición sin programas de acompañamiento —formación para docentes, protocolos claros, alternativas pedagógicas y garantías para estudiantes con necesidades especiales—, la medida podría convertirse en letra muerta o, peor, en una regla que castiga a quien menos recursos tiene.
Otro punto crítico es la seguridad y la equidad. Para muchas familias el celular es la línea directa con hijos y cuidadores; prohibir su uso sin ofrecer mecanismos de comunicación seguros puede generar tensiones. Además, para estudiantes que utilizan dispositivos para tareas o acceso a plataformas educativas, el veto podría profundizar la brecha digital si no va acompañado de inversión en infraestructura escolar y en programas de acceso universal.
La Presidencia dice buscar un equilibrio: priorizar habilidades básicas y la convivencia, sin renunciar a la alfabetización digital. Esa intención choca con la realidad cotidiana en las aulas. Es necesario preguntarse cómo se controla un veto, quién lo supervisa y qué sanciones se aplican. También importa definir excepciones legítimas: emergencias, usos pedagógicos supervisados, y apoyos para estudiantes con discapacidad.
Las experiencias internacionales sugieren caminos prácticos: prohibiciones acompañadas de campañas de concientización, casilleros para dejar dispositivos durante la jornada, y programas para enseñar uso responsable de la tecnología. Además, los gobiernos deben invertir en formación docente para que la eliminación del celular no sea un retroceso sino la oportunidad para repensar metodologías.
El país necesita políticas que combinen bienestar, justicia educativa y modernización. Prohibir celulares puede ser una herramienta útil si forma parte de una estrategia más amplia: mayor inversión en escuelas, capacitación docente, programas de salud mental y alfabetización digital para niñas, niños y adolescentes. Sin eso, la propuesta corre el riesgo de convertirse en una medida cosmética que tapa el desconcierto con los síntomas.
La discusión está abierta. Según la Presidencia, la propuesta pasará a diálogo con la SEP, docentes y familias. Es el momento de que ese diálogo incluya datos, pilotos en contextos diversos y un calendario realista para evitar que el regreso al lápiz y papel sea solo una frase para titulares.
Fuentes citadas: Presidencia de la República; estudio de Beland y Murphy (2015); UNICEF; Secretaría de Educación Pública (SEP).