Uif congela cuentas del secretario de Economía de Rocha
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Ricardo Velarde, quien se desempeñó como secretario de Economía del gobierno de Rubén Rocha en Sinaloa, informó la propia UIF.
El bloqueo de las cuentas, según la autoridad, responde a indagatorias por movimientos financieros considerados sospechosos. La medida llega como una ráfaga inesperada que puede sacudir tanto la vida pública como la privada: no es solo un trámite en papel, es una interrupción que puede afectar pagos, proveedores y la imagen de proyectos que aún dependen de la gestión anterior.
Hasta el cierre de esta nota, la Secretaría de Economía del estado y el propio Velarde no habían emitido una respuesta pública sobre el alcance del congelamiento. La UIF, por su parte, mantiene que estas acciones buscan cortar canales de posible abuso y preservar el interés público.
Este episodio abre varias preguntas que deben responderse con prontitud y con transparencia. Primero, ¿a qué tipo de operaciones se refieren las sospechas? Segundo, ¿hay vínculos con contrataciones públicas o con terceros beneficiarios que expliquen el flujo de recursos? Tercero, ¿cómo se protegerá a terceros —proveedores, empleados, pequeños empresarios— que podrían sufrir consecuencias colaterales por una medida que está orientada a una persona específica?
Analistas consultados por este diario destacan que la UIF actúa como un bisturí sobre las finanzas públicas: corta cuando detecta tejido anómalo, pero si no hay una explicación clara el corte deja una herida que tarda en sanar. En sociedades donde la transparencia cojea, la percepción pública puede inclinarse hacia la impunidad, o hacia la persecución política. Por eso la institución tiene la responsabilidad extra de comunicar con datos precisos y evitar vacíos informativos.
Desde una óptica ciudadana, el caso expone la necesidad de reforzar mecanismos de prevención y rendición de cuentas. No basta con congelar cuentas; es urgente que la Fiscalía correspondiente y los órganos de control trabajen con celeridad y que el proceso sea público en sus avances sin vulnerar la presunción de inocencia. La izquierda crítica pero responsable exige que se proteja el interés público y, al mismo tiempo, que no se convierta a cualquier señalado en un chivo expiatorio sin pruebas.
En el terreno local, la medida puede tener efectos prácticos: retrasos en trámites, incertidumbre entre inversionistas que miran a Sinaloa y una oportunidad para que el gobierno estatal clarifique sus controles internos. Rubén Rocha, como cabeza del gobierno, tiene un papel que jugar: coordinar respuestas claras y garantizar que las políticas económicas que afectan a familias y negocios no queden en la mesa de espera por disputas legales.
La sociedad merece respuestas claras. La UIF debe explicar los fundamentos técnicos del bloqueo y poner las evidencias a disposición de las autoridades competentes. El proceso debe ser exhaustivo, respetuoso de los derechos y, sobre todo, orientado a reparar cualquier daño causado a terceros inocentes.
Este diario continuará siguiendo el caso y exigirá información verificada de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Gobierno de Sinaloa para que el debate público se base en hechos y no en rumores.