Pagos retrasados ponen en jaque a sanitarios que combaten el ébola en la República Democrática del Congo
La lucha contra el último brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) amenaza con naufragar por un problema tan terrenal como clave: la falta de cobro de los salarios de quienes están en la primera línea. Desde mediados de mayo, miembros del equipo de prevención y control, como Wiza Bondele, no han recibido su sueldo; en julio Bondele se sumó a la huelga de trabajadores sanitarios. La situación, reconocida públicamente por el Ministerio de Salud, ya empieza a mermar la respuesta sobre el terreno.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el actual brote superó en número de casos al estallido de 2018, una señal de alarma que requiere recursos estables y equipos motivados. Pero cuando las nóminas fallan, la respuesta sanitaria pierde músculo: hay profesionales que abandonan turnos, equipos que no se reponen y vigilancia epidemiológica que queda fragmentada. Es, en palabras de varios enfermeros consultados, como intentar apagar un incendio sin agua.
El propio Ministerio de Salud de la RDC admitió atrasos en los pagos y atribuyó los problemas a fallos de organización administrativa. Desde entonces, algunos trabajadores han recibido pagos parciales, otros siguen sin cobrar nada, y la incertidumbre se ha traducido en una ola de protestas y paros parciales en varios centros de atención. Testimonios como el de Wiza Bondele, que llegó a la misión en mayo y aún espera su salario, ilustran el coste humano: familias sin recursos, transporte y alimentación comprometidos, y un desgaste moral difícil de revertir.
El impacto no es solo individual. La campaña de contención del ébola depende de tareas muy concretas: seguimiento de contactos, vacunación en anillo, pruebas y aislamientos oportunos. Cuando faltan trabajadores o su respuesta es irregular por la inseguridad económica, aumentan los plazos de detección y se reducen las coberturas de vacunación. La OMS ha alertado en sus informes sobre cómo la fatiga del personal y las interrupciones operativas agravan la transmisión.
La crítica es doble. Por un lado está la responsabilidad del Estado: un sistema de nóminas que falla en medio de una emergencia es un error institucional grave. Por otro, están las respuestas parciales que, sin transparencia y sin fechas claras de pago, solo apagan fuegos momentáneos. Los profesionales piden soluciones duraderas: automatización de pagos, auditorías públicas y mecanismos que garanticen que los fondos destinados a la respuesta lleguen rápido y en su totalidad.
Organizaciones internacionales, entre ellas la OMS, han reiterado la necesidad de apoyar logísticamente a la RDC y de asegurar fondos para mantener la operación. Pero la solución no puede depender únicamente de la ayuda externa: necesita un compromiso institucional firme y rendición de cuentas. Mientras tanto, la ciudadanía paga el precio: servicios más lentos, mayor riesgo de contagio y pérdida de confianza en las autoridades.
El mensaje de los sanitarios es claro y simple: no se puede pedir heroísmo con las manos vacías. Para evitar que el brote crezca, el Ministerio de Salud debe garantizar pagos puntuales y transparencias en los procesos, y los donantes y organismos internacionales tienen que coordinarse para evitar vacíos financieros que pongan en riesgo vidas. Así lo han señalado fuentes del Ministerio y la OMS, y así lo viven cada día trabajadores como Wiza Bondele en el terreno.
Si la salud pública es el tejido que mantiene a una comunidad sana, hoy ese tejido está deshilachado por la falta de salarios. Restituir la normalidad administrativa es, en este momento, también una medida de salud pública urgente.