Ciudad de México. The New York Times publicó un reportaje en el que asegura que funcionarios de Morena han sostenido contactos discretos con autoridades de Estados Unidos para proporcionar información sobre otros integrantes del partido, en el contexto de las investigaciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
De acuerdo con el diario estadounidense, más de una decena de personas consultadas bajo condición de anonimato describieron los esfuerzos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y las conversaciones confidenciales entre funcionarios mexicanos y autoridades estadounidenses.
El reportaje también cita a Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA, quien afirmó que estas colaboraciones incrementan la posibilidad de que próximamente se presenten casos e imputaciones contra funcionarios de alto nivel.
Tras la publicación, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, rechazó estar bajo investigación por autoridades de Estados Unidos y envió una carta dirigida al editor y al editor ejecutivo de The New York Times para solicitar una rectificación.
En el documento, Durazo sostiene que el periódico presentó como un hecho afirmaciones que, a su juicio, carecen de sustento verificable. Asimismo, aseguró que no ha recibido notificación alguna por parte de autoridades mexicanas o estadounidenses sobre la existencia de una investigación en su contra.
El mandatario estatal también afirmó que “no existe actuación oficial conocida” que respalde los señalamientos publicados y solicitó que el diario aclare expresamente que no cuenta con información oficial públicamente confirmada que permita sostener que haya sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de alguna investigación.
Además, pidió que cualquier aclaración tenga una relevancia equiparable a la publicación original, con el objetivo de que quede asentado que no existe evidencia pública que lo vincule con una investigación en Estados Unidos.
En su carta, Durazo señaló que su solicitud no busca restringir la libertad de prensa, sino restablecer el equilibrio ante lo que calificó como una imputación pública sin sustento verificable.