Narco prende ciudades y la justicia tropieza: la estrategia para sembrar terror y quedar impunes
Ciudad Juárez, 11 de agosto de 2022: un chofer llega a su casa, saca un extintor y encuentra su camión hecho pedazos; su padre, ya mayor, se juega la vida para apagar las llamas mientras una lluvia de bombas molotov incendia gasolineras, comercios y cruces clave. Esa jornada, bautizada como “jueves negro”, dejó 11 muertos y puso de manifiesto algo más inquietante: la capacidad del crimen organizado para convertir el incendio de una ciudad en una táctica de guerra y, con frecuencia, evadir la prisión.
Los documentos judiciales y una revisión de los archivos del Consejo de la Judicatura Federal, reportados por MILENIO, muestran un patrón claro: en los últimos 25 años al menos 40 investigaciones relacionadas con actos que llegaron a ser tipificados como terrorismo han terminado con acusaciones que, en gran medida, se desploman por fallas de la investigación o trabas judiciales. Es la otra cara del fuego: cuando la investigación se apaga, los autores caminan.
Qué ocurrió y por qué importa
El 11 de agosto de 2022, pandillas vinculadas al Cártel de Juárez —Los Mexicles y La Empresa— coordinaron ataques simultáneos en Ciudad Juárez: bombas molotov contra camiones y gasolineras, balaceras en puntos estratégicos y motines en penal. Algunos detenidos fueron vinculados con el delito de terrorismo, un tipo penal federal (artículo 139, fracción I del Código Penal Federal) usado para hechos que buscan provocar alarma o terror en la población. Pero, como muestran otros casos, llevar ese cargo hasta una sentencia firme no es sencillo.
Casos que pintan el mapa del problema
- Puerto Vallarta, 2010: la detonación de una granada en un bar dejó 20 heridos y cuatro amputaciones; los acusados llegaron a ser imputados por terrorismo, pero en 2011 un tribunal anuló el auto de formal prisión ante la insuficiencia de las indagatorias.
- Jalisco, 1 de mayo de 2015 (Código Rojo): bloqueos y vehículos incendiados simultáneamente atribuidos al CJNG; varias personas han sido procesadas por terrorismo, pero las investigaciones siguen en curso y hay acusaciones que no prosperan.
- Nuevo Laredo, 2012: un coche bomba frente al palacio municipal causó muertos y heridos; la acusación por terrorismo encontró pruebas de delitos, pero no quedó acreditada la plena autoría del imputado.
- Culiacán, enero de 2023 (operativo y detención de Ovidio Guzmán): disturbios y ataques atribuibles al crimen organizado; autoridades federales han enfrentado dificultades para sostener en todos los casos acusaciones por terrorismo.
El mapa numérico
| Ámbito | Casos | Personas acusadas |
|---|---|---|
| Federal | 15 | 34 |
| Estatal | 4 | 6 |
| Total (25 años, aproximado) | ~40 | — |
Fuente: revisión de expedientes en el Consejo de la Judicatura Federal y reportes periodísticos de MILENIO.
Por qué se caen las acusaciones
- Pruebas frágiles: a menudo falta peritaje concluyente, cadena de custodia robusta o vinculación directa entre autores y hechos. En casos emblemáticos los jueces rechazaron la continuidad por “insuficiencia” en la investigación.
- Definición legal ambigua: probar que el objetivo fue generar “terror” y no solo cometer daños materiales exige una lógica probatoria compleja que los ministerios públicos no siempre articulan.
- Intimidación y desprotección de testigos: vecinos y sobrevivientes temen declarar; sin testimonios clave, las piezas se desarticulan.
- Coordinación interinstitucional deficiente: cuando el delito toca esfera federal y local, la investigación se fragmenta y las pruebas se diluyen.
Qué está en juego
Más allá del dramatismo de las imágenes, la estrategia del narco de prender ciudades persigue fines concretos: imponer control territorial, castigar traiciones, enviar mensajes al Estado y a la población. Las consecuencias son tangibles: negocios cerrados, clases suspendidas, miedo en el transporte público y una sensación de impunidad que alimenta más violencia.
¿Hay soluciones? Sí, pero implican voluntad
- Crear unidades especializadas en delitos con impacto masivo, con fiscales y peritos entrenados en reconstrucción de hechos y cadena de custodia.
- Aclarar la tipificación legal y protocolos para acreditar la finalidad de “provocar terror”, evitando que el artículo 139 sea un cajón de sastre o, por el contrario, un arma inútil.
- Fortalecer la protección a testigos y a denunciantes para romper el silencio que blindan a los agresores.
- Invertir en capacidades forenses y en coordinación entre municipios, estados y la federación para preservar indicios antes de que la escena se contamine.
- Programas de prevención social que reduzcan la captación de jóvenes por bandas y corten el semillero de sicarios que queman ciudades como quien prende una veladora.
Al término
Cuando un grupo de hombres prende un camión con botellas y cloro, no solo consume metal: busca incendiar la confianza en las instituciones. Que la justicia tropiece una y otra vez no es accidente, es parte del paisaje que permite que la estrategia del narco siga funcionando. Si el Estado no refuerza investigación, coordinación y protección a víctimas, el fuego se repetirá. La pregunta que queda en la calle es simple y urgente: ¿vamos a dejar que el terror sea táctica o vamos a apagarlo con investigación y justicia eficaz?